El ex intendente K de Lomas de Zamora Martín Insaurralde intentó justificar su crecimiento patrimonial de los últimos 13 años, su nivel de vida y numerosos viajes al exterior con los ingresos de sus ex esposa Jesica Cirio, entre otros argumentos en la causa del Yategate. Incluso, afirma que recibió «préstamos» de la modelo y conductora de TV por US$ 250 mil dólares y 2 millones de pesos.
Con el patrocinio de los abogados Fernando E. Pinto y Nicolás H. Maciel, el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof presentó un descargo ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ante un pedido de indagatoria del fiscal Sergio Mola por supuesto enriquecimiento ilícito, informaron fuentes judiciales.
El descargo está siendo ahora estudiado por Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Diego Velasco, informaron fuentes judiciales. En la causa el presidente la fundación Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofre, es querellante e impulsor de medidas de prueba.
En su escrito, el aliado de Máximo Kirchner manifestó que “la evolución real de mi patrimonio a lo largo de los años comprendidos en el período de sospecha señalado por el Ministerio Público Fiscal guarda debida relación con los legítimos ingresos registrados en dicho intervalo temporal. Las razones que se exponen a continuación reflejan con claridad que no ha existido un incremento de mis bienes en los términos del artículo 268 del Código Penal”. En los últimos 30 años, Insaurralde fue siempre funcionario público. A sus ingresos de funcionario público, sumó trabajos de «asesoramiento» a las empresas Coordinar Salud y Organización Cinco.
La causa arrancó en octubre pasado, en pleno proceso electoral, cuando la modelo y acompañante Sofía Clerici subió imágenes a su cuenta de Instagram junto a Insaurralde mientras viajaban por el mar Mediterráneo en un yate llamado Bandido y tomaban champagne mientras se alojaban en un exclusivo condominio de Marbella por el que se pueden pagar por encima de 10 mil dólares la noche.
Luego afirmó que “probado como está en esta causa mi matrimonio con Jésica W. J. Cirio en el año 2014, no se explica que se excluya la integración de mi patrimonio en una sociedad conyugal. Sociedad conyugal con una persona que ha tenido y tiene su propia actividad e ingresos que, hasta el divorcio no pueden dejar de ser considerados”.
Así, se aprecia que “los gastos de ambos miembros de la sociedad conyugal han sido considerados por el Ministerio Público Fiscal para confeccionar su acusación, mientras que los ingresos fueron manifiestamente omitidos”.
El dictamen del fiscal Mola “hace referencia con tono imputativo a erogaciones hechas por la Sra. Cirio, que excederían mis ingresos, sin considerar los de ella”.
“En la misma página se refiere a acreditaciones en una sociedad donde soy accionista, y a su vez la transferencia de fondos de esa persona jurídica a mi favor”, agregó.
Luego hace una explicación año por año. Por ejemplo, el dirigente K relacionado con el juego en la provincia dijo que en “2014 se produjo el inicio de la sociedad conyugal. Como se ha dicho, se toman gastos de la sociedad y se omiten considerar los ingresos de ambos socios. Aun cuando se sabía tanto de la existencia del matrimonio (hasta se investigó que se comió y bailó en la reunión social), como de los ingresos de mi esposa. Además, y al igual que en el año 2010 el total de ingresos que se toman y que surge de los extractos bancarios, no tiene nada que ver con los ingresos que yo declaro” ante la AFIP. En un anexo, el dirigente K presentó sus declaraciones juradas ante la AFIP y otros documentos.
“ Año 2015: los gastos de la sociedad conyugal se solventaron con los ingresos de la sociedad conyugal, y no solo con los míos. Ese análisis deliberadamente sesgado es la razón de la arbitraria atribución de inconsistencias patrimoniales Los números incluidos en el desarrollo surgen de las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP desde 2010 a 2023, las que fueron realizadas en tiempo y forma en su totalidad (incluida la de 2023)”. aseguró en su descargo.
Cada uno de los Anexos anuales que adjunto incluye, “además de la justificación de mi ecuación patrimonial, una copia de las declaraciones juradas acuse de recibo en Otempo y forma y papeles adicionales de trabajo de la propia declaración jurada que fueran anexados en los aplicativos correspondientes, así como copia en caso de que correspondiera de las facturas de compra, escrituras de inmuebles y demás documentación que pudiese ser necesaria para el señor Juez. Asimismo, solicito se pidan a dicho organismo oficial todas las declaraciones juradas del periodo 2010 a 2023”.
En el dictamen acusatorio que lleva la firma de Mola junto a la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero, se hace un repaso todo el patrimonio que le adjudica a Insaurralde. Hay detalles de los 75 viajes que realizó al exterior el ex jefe de Gabinete de la Provincia, de la compra de propiedades mediante testaferros y del uso de autos que no están a su nombre, entre otras operaciones sospechosas.
Además del ex intendente, el fiscal Mola pide las indagatorias de su ex esposa Carolina Álvarez, de su sobrino Gastón Barrachina y de Víctor Donadio, entre otros. A estos últimos los considera como presunto testaferros del ex funcionario.
Para el fiscal, todas estas personas ayudaron a poner en circulación «fondos provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de las distintas funciones públicas ejercidas por Martín Insaurralde evidenciados por situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés y el incremento patrimonial apreciable que no encuentra correlato con sus ingresos lícitos». La sospecha es que todos estos bienes y fondos de Insaurralde son la evidencia del lavado de dinero producto de la corrupción.
En la resolución, el fiscal detalla todas la maniobras que utilizó Insaurralde y su entorno para ocultar y enmascarar la adquisición de bienes y para lavar fondos a través de sociedades y prestanombres.
Y cuenta que solo en 2022 y 2023, Insaurralde gastó en vuelos internacionales de línea y privados, aproximadamente 98.133, dólares “siendo esta cifra un monto inafrontable para una persona que desarrolló toda su vida económicamente activa en la función pública”.