La diputada se refirió al “toma y daca” que fue, de un lado, un beneficio impositivo a medida de camioneros y, del otro, el acuerdo salarial del gremio y el apoyo a la reelección de Alberto Fernández. Además, dijo que el intento de hacer pagar Ganancias buscó trabar la sentencia del juicio oral a la vicepresidente
La diputada nacional Graciela Ocaña volvió hoy a condenar el “toma y daca” del gobierno con los Moyano y el sindicato de camioneros, reflejado en el reciente intercambio por el que el artículo 104 del Presupuesto 2023, recientemente aprobado en Diputados, concedió un beneficio a los choferes de camiones, a cambio de lo cual el gremio que tiene hoy tiene a Pablo, y antes tuvo a Hugo, Moyano como secretarios generales, acordó finalmente una paritaria salarial con un aumento del 86% después de adelantar que pretendía un aumento de 131% y amenazar incluso con un paro, que hubiera paralizado el transporte de cargas, el abastecimiento y la recolección de basura –entre otras cosas- en todo el país.
“Es un toma y daca. Una devolución de favores de lo que se votó en el congreso. Se ajusta sobre los que no pueden tener defensa, no te bloquean, no te extorsionan. Esta argentina del toma y daca tiene que terminarse”, dijo Ocaña, entrevistada por la periodista Romina Manguel en el programa “A confesión de parte”, por FM Millenium. Según Ocaña, “el presupuesto no reflejaba las necesidades de la gente sino que reflejaba las necesidades de un cierre político del propio gobierno”.
El proyecto aprobado en la Cámara baja incluyó un artículo, el 104, que agregó una serie de puntos al proyecto original de Economía, entre ellas una modificación al artículo 82 de la ley del Impuesto a las Ganancias que fue diseñada a medida del gremio de Camioneros, que de ese modo, según calculó el diputado opositor Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, benefició con unos $ 350.000 anuales (que dejarían de pagar de impuestos) a los choferes de camiones, uno de los gremios mejor remunerados del país, en buena medida gracias al poder de presión que confiere transportar el 90% de las cargas del país, ser protagonista en rubros de impacto inmediato en caso de carencia, como la recolección de basura, y tener capacidad de bloqueo, como el gremio de los Moyano ha mostrado sobradamente.
Acuerdo
Días antes de la votación, además, Pablo Moyano, el secretario del gremio, se había reunido con la presidente de la Cámara, Cecilia Moreau. El artículo en cuestión no figuraba en el proyecto original de presupuesto enviado por el ministerio de Economía, que finalmente aceptó una exención sobre los adicionales al salario básico de los transportistas terrestres, algo que beneficio a unos 130.000 trabajadores, mayormente camioneros, en todo el país.
El jueves, horas después de la sanción en Diputados y al cabo de semanas de tironeos y amenazas para conseguir “131% de aumento”, el sindicato de los Moyano acordó una recomposición salarial del 85% hasta mayo del 2023, cuando se volverá a abrir la paritaria, más un bono de $ 100.000 a pagar en cuatro cuotas entre marzo y junio de 2023.
El acuerdo, celebrado entre sonrisas entre Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, y los Moyano, fue rubricado en su integridad por solo dos dos de las cámaras del sector, la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (Catac). La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), no avaló el aumento de los adicionales (esto es, los que el artículo 104 decidió eximir del pago de Ganancias, aunque con un tope). Además, ese mismo día Hugo Moyano se manifestó a favor de la eventual reelección presidencial de Alberto Fernández.
En la entrevista radial, Ocaña recordó que la sesión en que se aprobó el presupuesto duró 21 horas. “Tenemos que volver a ser una cámara más normal. A la noche la gente duerme, no se pueden dar esos debates a la madrugada. Hay que trabajar para que los debates sean de cara a la gente, la gente tiene una fea sensación de que pasan cosas raras de noche. Las sesiones tienen que terminarse a las 11 de la noche y recomenzar al otro día”, dijo la diputada y titular del partido Confianza Pública, que forma parte de Juntos por el Cambio. En el proyecto que se aprobó, dijo Ocaña, “había más de 135 artículos donde cada uno de esos artículos era un mundo aparte para discutir; uno sabía lo importante que era quedarse porque tu voto podía hacer ganar o perder la votación”.
Quórum sí o no
Ocaña defendió el recurso de la oposición a no facilitar el Quórum en las llamadas “sesiones especiales” en las que solo se tratan los proyectos del Gobierno.
“Dijimos que no íbamos a darle quorum si no convocaban a una sesión normal; jHay leyes muy importantes que están sin poder tratarse. Algunos pedidos de informe sobre la actuación de los últimos tiempos de la fuerzas de seguridad a cargo de Aníbal Fernández en el caso del atentado a la vicepresidenta”, señaló. Sin embargo, subrayó, “el gobierno prefiere el sistema de sesiones especiales”.
A continuación, la legisladora explicó el modo en que procedió el oficialismo: “Metieron subsidios para sectores energéticos, para Moyano, para las obras sociales y prepagas y cuestiones que nunca nadie había planteado. Estamos hablando de millones de pesos. De un presupuesto que vino del Ministerio de Economía salía en el dictamen otro presupuesto distinto. Se aumentó el presupuesto original en $300.000 en 24 horas y sin discutir en ningún lado”. La lógica en juego, explicó, fue “lo que pasa, pasa”.
