Desde la Defensoría del Pueblo, su titular Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que «venimos recibiendo estos últimos días, planteos de extranjeros que cuentan con residencia en nuestra provincia o están aquellos que poseen un DNI precario y constituyen ciudadanos, integrantes de grupos sociales altamente vulnerables, pero que no han sido incluidos para el IFE».
«Ya se inscribieron 3,5 millones de personas para recibir los 10 mil pesos que entregará el Gobierno y la discriminación estatal deja afuera de esa suma a los extranjeros que tienen sus años viviendo en nuestro territorio. Si bien la pandemia se trata de un fenómeno mundial, las consecuencias que genera no recaen de la misma forma sobre el conjunto de la población. La cuarentena y el freno de la economía ya está generando millones de desempleados en todo el mundo, y la situación es aún más crítica para quienes trabajan informalmente y no poseen ingresos para soportar la suspensión del trabajo diario. La realidad de los inmigrantes es aún peor, no solo están excluidos de las políticas de transferencias de ingresos, sino que se encuentran desempeñando los trabajos peores pagos y sin ningún tipo de derechos laborales y/o sociales», manifestaron.
«Recordemos que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), es un bono de $ 10.000 que otorgará el gobierno en abril, a trabajadores no registrados, monotributistas sociales y de las categorías A y B o aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo, entre otros. El número de inscriptos ya superó los 3,5 millones en solo dos días; lo anunció Alejandro Vanoli, titular de ANSES. El gobierno había anunciado que dicha medida contemplaría a 3,6 millones de personas. Las cifras demuestran que la demanda será mucho mayor. En el Decreto de Necesidad y Urgencia que creó la IFE, establece como requisito para acceder al bono de $10.000; Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años», explicó.
Aseguraron en ese sentido que «de esta forma quedan por fuera todas las personas migrantes y refugiadas sin DNI, o quienes cuentan con residencia precaria o DNI temporario. La Defensoría del Pueblo denuncia que, la mayoría de las personas migrantes se encuentra en una situación irregular por razones administrativas y burocráticas: Dirección Nacional de Migraciones lleva más de 70.000 casos de radicación sin resolver. A su vez, las demoras para acceder a un turno –para comenzar los trámites- por medio de la plataforma Radex (Sistema de Radicación a distancia) puede llegar a demorar hasta 18 meses. Se informó que, para acceder al DNI temporario, se tarda aproximadamente 9 veces (o más). Luego de 2 años, recién se accede a un DNI permanente. ¿Qué realidad viven los migrantes que no cuentan con documentación regular? Para acceder a la Asignación Universal por Hijo, se exige una residencia legal mínima de 3 años, que debe estar registrada en un DNI permanente».
En ese marco afirmaron desde la Defensoría que «esta situación le relega a la informalidad laboral: un informe publicado en 2019 de la Organización Internacional para las Migraciones puso en evidencia que en Argentina la incidencia de la informalidad laboral entre los migrantes está por encima de la registrada entre los trabajadores nativos, por ello, los migrantes viven un acceso diferencial a derechos básicos, y no solo en un contexto de emergencia sanitaria».
