El tribunal que tiene a su cargo el juicio contra Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas trabaja en una resolución para decidir si autoriza rechaza que medio centenar de empresarios, acusados de pagar sobornos para mantener sus obras públicas, pueden pagar “una reparación” en dinero y ser absueltos sin enfrentar el proceso.
La decisión será de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes seguían trabajando con el secretario del tribunal en esa definición. La tarea es contra reloj, porque este miércoles el propio tribunal citó a una audiencia para organizar el megajuicio que comenzará el 6 de noviembre.
Una alternativa es hacer un megaproceso con casi un centenar de acusados y otra con la mitad, es decir sólo con los funcionarios en el banquillo. Los empresarios, algunos de los cuales declararon como arrepentidos y admitieron haber pagado coimas a los funcionarios del kirchnerismo, ofrecieron en total cifras que oscilan entre los 12 y los 21 millones de dólares, según fuentes de las defensas.
Es impreciso el número global porque muchos no hicieron pública su oferta, sino que algunos la presentaron por escrito y otros se la reservaron. En una audiencia pública realizada la semana pasada, los empresarios ofrecieron desde barcos a departamentos y dinero en efectivo para que los excluyan del juicio.
Por ejemplo, Héctor Javier Caballero, exgerente general de Iecsa, ofreció US$460.640; Mario Rovella, socio de la constructora Rovella-Carranza, US$494.542; Gabriel Pedro Losi, socio de Luis Losi SA, US$557.630; Juan Manuel Collazo, exdirectivo de Helport, US$603.456; Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo de Sousa, US$683.029; Ernesto Clarens, US$1.500.000; Angelo Calcaterra, exdueño de Iecsa, US$1.684.442; y Aldo Roggio, expresidente de grupo Roggio, US$1.267.108.
Los empresarios hicieron uso del artículo 59, inciso 6º, del Código Penal, que permite la extinción de la acción penal, es decir, borrar todo como si nada hubiera pasado, en caso de un acuerdo de conciliación con la víctima o el pago de una “reparación integral”. La conciliación está reglamentada en el Código Procesal y requiere que la víctima esté de acuerdo. Pero la reparación no está reglamentada y se rige por la casuística.
Hay fallos de un lado y del otro. Sin embargo, el estándar de los fallos de la Casación y los tribunales orales es que la reparación se aplica en los casos de delitos donde haya una víctima y no en estos casos donde toda la sociedad es la afectada por la corrupción. También se utiliza en casos donde no hay funcionarios acusados.
Además, existe un debate acerca de si se requiere o no el acuerdo del fiscal. La fiscal en este caso es Fabiana León, que en un encendido alegato rechazó toda reparación, dijo que eso es tarifar la impunidad y que no se puede “pagar para zafar”, porque sería legitimar que los ricos puedan evitar el castigo penal y a los pobres les queda la condena.
La Corte Suprema aún no estableció un criterio general, pero las defensas apuestan que a que puedan conmover al tribunal con argumentos ligados a los casos personales de cada imputado
