El concejal de Juntos por el Cambio Gerardo Piñeiro, se solidarizó con los periodistas Leonardo Fernández Acosta y Julieta González, que nuevamente recibieron citaciones policiales para notificarlos de nuevas causas contravencionales por desarrollar su actividad periodística en pandemia.
Estas nuevas causas, sumadas a la ilegal detención de Julieta el 5 de marzo, al arbitrario secuestro del móvil de la radio para la cual trabajaban en la movilización del 25 de mayo, a las cotidianas agresiones y descalificaciones que reciben desde la mesa del Covid-19, y a la discriminación de participar de las conferencias del Gobierno cuando los visitan funcionarios nacionales, constituyen un atentado contra la libertad de prensa, el derecho a informar y son además una clara muestra de persecución política y policial, incompatibles con el sistema democrático y republicano de gobierno con el cual estamos comprometidos.
El estado provincial no puede convertir a las conferencia de la Pandemia, en la hoguera de la Santa inquisición para hacer un control ideológico de los trabajadores de prensa y de los medios de comunicación, mucho menos para intentar callarlos o disciplinarlos, ni ejercer violencia verbal, ni agresiones institucionales como persecuciones o detenciones para amedrentar a los demás, porque eso constituye un ataque a la libertad de prensa, más cuando es ejercida como consecuencia de la actividad periodística o informativa, señaló Gerardo Piñeiro.
Es gravísimo que las agresiones provengan de actores que utilizan al Estado como un aparato organizado para perpetrar tales ataques, y no es casual que persigan a los periodistas que realizan investigaciones vinculadas con el narcotráfico, la corrupción y las violaciones de derechos humanos, que son los que están en una situación de vulnerabilidad que afecta el ejercicio de la libertad de prensa, remarcó Piñeiro.
Por el contrario, el Estado tiene el deber de generar todos los mecanismos necesarios para que se puedan ejercer los derechos fundamentales. Y en ese sentido se deben realizar los mayores esfuerzos para prevenir y evitar los ataques a periodistas, no propiciarlos, aseguró Piñeiro.
La ineficacia o falta de voluntad del Estado en la sanción de estos hechos de violencia o agresiones contra la prensa y el derecho de los ciudadanos a informarse puede generar un clima de impunidad que propicie la repetición de los ataques. Y justamente eso es lo que debemos evitar en un Estado de Derecho, concluyó el abogado radical.
