La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa exigió al Gobierno Nacional que se suspendan las medidas punitivas contra beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral que no hayan presentado a tiempo la documentación médica requerida, hasta tanto se garantice la notificación fehaciente y la evaluación completa de todos los casos en la provincia.
El reclamo se enmarca en el contexto de las auditorías ordenadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que desde principios de año viene implementando controles sobre más de un millón de pensiones por invalidez. Según denunció el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, estas revisiones han estado plagadas de irregularidades, entre ellas, la falta de notificación formal a los beneficiarios y la exigencia de estudios médicos con plazos que resultan imposibles de cumplir en el sistema público o inalcanzables económicamente en el ámbito privado.
La situación se agravó luego de que, en mayo, la ANDIS derogara la Resolución Nº 187/25, norma que fijaba los criterios técnicos para determinar el grado de invalidez requerido para acceder al beneficio. La eliminación de esta resolución dejó al proceso de evaluación sin un marco normativo claro.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que informe cuáles fueron los criterios utilizados durante la vigencia de la normativa derogada y qué parámetros se están aplicando actualmente para determinar la continuidad o baja de las pensiones.
“El Decreto Nº 843/24 establece que se presume la incapacidad total cuando la invalidez produce una disminución del 66% o más de la capacidad laboral. Esa estimación se realizaba a través del Certificado Médico Oficial (CMO) y su documentación respaldatoria, tal como lo preveía la resolución que ahora fue anulada. Hoy no hay reglas claras y las auditorías se están llevando a cabo sin criterios médicos objetivos”, advirtió Gialluca.
Por ello, desde la Defensoría solicitaron formalmente que se extiendan los plazos para las auditorías, se amplíe el sistema de turnos y se otorgue más tiempo para la presentación de documentación médica, a fin de no perjudicar a los beneficiarios.
Además, exigieron que se haga público el padrón de personas alcanzadas por los controles y que se suspendan las sanciones hasta que se pruebe que todos los beneficiarios fueron debidamente notificados, a través de carta documento, y evaluados conforme a derecho.
“Hay una burocracia perversa que somete a las personas con discapacidad a situaciones de angustia e incertidumbre. El Gobierno Nacional, a través de la ANDIS, no ha establecido en la provincia canales oficiales de información, y el silencio institucional deja a cientos de formoseños sin saber cómo renovar sus certificados, cumplir con las exigencias o defender su derecho a una pensión que les garantiza la subsistencia”, concluyó el ombudsman provincial.
