A los problemas que se empiezan a registrar de empresas que no pueden pagar licencias de Microsoft y Google, o servicios como los de Salesforce, por las trabas a las importaciones, se suman más complicaciones en eslabones previos de la cadena. En concreto, proveedores de Internet (ISP, según sus siglas en inglés) dicen que no pueden abonar las direcciones IP (dirección del Protocolo de Internet) que permiten dar servicio y que incluso no se les estaría pagando a las empresas dueñas de los cables submarinos que conectan a la Argentina con el resto del mundo.
“Hay una desesperación por pagar las direcciones IP, porque son la base para que todo funcione. Si no pagás, ninguna red funciona”, afirmó en diálogo con LA NACION, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).
Según explicó, toda red tiene dos recursos críticos: uno es el número de sistema autónomo o ASN y el otro son las direcciones IP. El número autónomo de red se paga una vez, pero los operadores tienen que renovar todos los años las direcciones IP. Quien cobra es el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (Lacnic).
“Los operadores pagan la tenencia de las direcciones IP con una transferencia bancaria y hoy la mayoría de los que tenían vencimientos no están pudiendo pagar. Ahora tenemos el compromiso de la Secretaría de Comercio de que las pymes van a poder acceder a esas importaciones, pero lo cierto es que, ante un impago, Lacnic tiene derecho a cortarte las direcciones IP y con eso se corta Internet para el operador que no pagó”, explicó.
Los ISP pagan directa o indirectamente a través de otras empresas los servicios de los cables submarinos que traen Internet a la Argentina, propiedad de compañías como Globenet y Telecom Italia, entre otras, a las que tampoco se les estaría abonando, según explican en el sector.
Graizer, de Cabase, presentó en las jornadas internacionales de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) un manifiesto de las industria TIC junto a autoridades de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (Cacpy), la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la zona Sur (Fecosur), DirecTV, Telecom y Telefónica en el que pidieron, entre otras cosas, retomar el status regulatorio previo al DNU 690/2020. En este sentido, proponen restablecer la libertad de precios y la promoción de una competencia justa.
Por otro lado, plantearon la necesidad de que el Fondo de Servicio Universal (al que se destina un 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de los servicios de telecomunicaciones) se enmarque en un plan integral del que participe también el sector privado.
