El Gobierno sufrió un fuerte traspié en la Cámara de Diputados tras perder, en una seguidilla de votaciones, varios artículos claves del proyecto de ley ómnibus enviado por Javier Milei. En efecto, el oficialismo, pese al apoyo del Pro, no pudo mantener en pie los artículos por los cuales pretendían una amplia delegación de facultades y atribuciones para instrumentar una fuerte reforma del Estado.
La primera derrota tuvo lugar cuando se abordó el capítulo sobre facultades delegadas al Poder Ejecutivo. En efecto, a instancias de los bloques dialoguistas -apoyados por el kirchnerismo- los libertarios y sus únicos aliados de Pro perdieron la posibilidad de manejar de manera discrecional los fondos fiduciarios como así también gozar de amplias atribuciones en materia energética y de seguridad.
A renglón seguido, los libertarios también cayeron derrotados en casi todos los puntos incluidos en el crucial artículo 5 referido a la Reforma del Estado. En este clima dramático, el oficialismo pidió un cuarto intermedio en sus bancas para intentar reconducir la sesión. Al finalizar el cuarto intermedio, el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, pidió el retorno a comisión de todo el proyecto de ley.
“Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, azuzó el diputado Miguel Pichetto a la bancada oficialista. Luego les recomendó: “Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder, hay que ganar”.
El capítulo sobre Reforma del Estado es uno de los ejes más importantes que tiene la iniciativa. Sin embargo, a instancias de los bloques dialoguistas, numerosos incisos fueron rechazados. Entre ellos, los que pretendían facultar al Poder Ejecutivo a regular y controlar en un marco regulatorio la organzación interno del sector público nacional, así como a “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente órganos o entidades que integran el sector público”.
Tampoco pudieron mantener en pie la facultad que pretendía arrogarse el Gobierno para suprimir facultades superpuestas; privatizar total o parcialmente empresas y sociedades del Estado; e intervenir entes y compañías del sector público nacional. Con ello, el capítulo de reforma del Estado de la “Ley de Bases” quedó prácticamente desarticulado.
Hasta ahora, el único triunfo que obtuvo el oficialismo fue en la votación del artículo 1: con 134 afirmativos y 121 en contra se aprobó la declaración de la emergencia pública en seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año, con posibilidad de ser prorrogado por otro más.
De esta manera, serán seis las emergencias a ser declaradas este año, la mitad de las que pretendía Javier Milei cuando envió la iniciativa al Congreso. Además, los bloques dialoguistas -Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- establecieron como que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente en forma detallada al Congreso sobre la aplicación de las facultades delegadas.
Este artículo fue aprobado, además del oficialismo libertario, por el grueso de los bloques de oposición dialoguista. Votaron en contra, sin embargo, la bancada de Unión por la Patria, los bloques de izquierda, los seis diputados de la Coalición Cívica, algunos diputados de la UCR -Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Juan Carlos Polini-, los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; Margarita Stolbizer, la cordobesa Natalia De la Sota, y el chubutense Jorge Antonio Avila, estos últimos de Hacemos Coalición Federal.
El envión con que el oficialismo arrancó el debate se frenó en el artículo cuatro, clave para el Gobierno. Allí se establecen las bases de la delegación, es decir, qué facultades concretas se le concederá al Poder Ejecutivo a partir de las emergencias declaradas. Por caso, el texto le permitiría al Gobierno no solo reorganizar el sector público nacional; además, propone intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.
En este punto, el radicalismo y el bloque Hacemos Coalición Federal marcaron diferencias. La UCR solicitó que se elimine la facultad que habilita al Poder Ejecutivo a disponer discrecionalmente sobre todos los fideicomisos o fondos fiduciarios (incluso eliminarlos); se trata de cajas millonarias que se administran por fuera del presupuesto. En cambio, el bloque Hacemos Coalición Federal, a instancias de los gobernadores, solo pidió salvar dos de este manejo , el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Federal de Infraestructura Regional. El oficialismo, en la voz del libertario Gabriel Bornoroni -miembro informante de la sesión-, aceptó esta última propuesta.
La pulseada la ganó la UCR: con su voto en contra -la votación terminó con 142 votos negativos a 112 positivos- finalmente el oficialismo se quedó sin la facultad de manejar los fondos fiduciarios.
Los libertarios también se quedaron poder concederle facultades especiales al Gobierno en materia energética y de seguridad. Se trata de los incisos “i” y “j” del artículo cuarto. El oficialismo tuvo solo 123 votos positivos frente a 130 negativos.
