El consejo consultivo convocado por el Gobierno nacional para recomendar mejoras en el servicio de justicia tuvo su primer encuentro virtual para discutir una eventual convocatoria a la Corte Suprema, para que participe de la discusión, y reformas a la ley del Ministerio Público.
La reunión de los once expertos comenzó a las 11, por la plataforma virtual Zoom, se extendió durante varias horas y estuvo reservada solo a los miembros del consejo.
Según comentó a Télam una fuente con acceso a las deliberaciones, hoy se habló de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a la Corte al ámbito del consejo consultivo para que intervenga en los intercambios que terminarán en reformas que incluso, podrían modificar el funcionamiento del máximo tribunal.
En el mismo sentido, los juristas avanzaron sobre eventuales reformas a la ley que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, la representación del Estado en las investigaciones y litigios, aún cuando no se informó sobre el contenido específico de esos cambios.
El consejo, integrado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo, no emitió ningún comunicado ni informó sobre su primer encuentro aunque trascendió que el intercambio fue lento pero ordenado y se estructuraron las “primeras propuestas” de cambios para elevar al Ejecutivo.
Según el decreto que oficializó la creación del consejo, el mismo deberá realizar una «descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa».
Asimismo, precisó que los juristas convocados deberán analizar el «sistema de juicios por jurados» y los «criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional».
También, la comisión deberá evaluar el «modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones» al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño.
El decreto especifica que el dictamen que efectúe el Consejo Consultivo «será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas».
En la agenda del consejo consultivo estuvo siempre el análisis de la Corte Suprema, como confirmó a Télam el consejero Ferreyra: «La idea capital es discutir abiertamente el funcionamiento de la Corte Suprema que, en la actualidad, descubre momentos de parálisis relevante”.
«El número de miembros no es la cuestión porque no determina decisivamente la naturaleza de sus pronunciamientos, lo que se requiere es devolverle a la Corte Suprema su rol de realizador máximo del Derecho en cuestiones de Estado», insistió el jurista.
En la misma línea se pronunció la consejera Battaini, cuando mencionó que «no puede ser que una causa se demore diez años en la Corte”.
“En materia previsional, por ejemplo, hay casos con tanta demora que cuando llega la decisión, ya falleció el pobre jubilado que promovía una demanda», analizó la magistrada en entrevista con esta agencia.
