El día 10 de marzo del corriente año, miembros de distintos Claustros de la Facultad de Recursos Naturales se reunieron a fin de solicitar a la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Formosa, el Sr. Rector Augusto Palmetler, el reemplazo de la Secretaria de Gestión y Desarrollo, la Dra. Laura Soperez.
El pedido se enmarcó, según los firmantes y denunciantes, “en los constantes destratos, acosos laborales, insultos, agresiones y persecuciones por parte la referida funcionaria provocando un impacto negativo en la salud mental y en el rendimiento y compromiso del personal a su cargo”.
Se llegó a esta instancia debido a que se han realizado sendas presentaciones a la decana, Ing. Ilda Cayetana Villalba, sin que fueran contestadas y sin tomar medidas al respecto, por esa razón se procedió a remitir las presentaciones al Honorable Consejo Directivo de la FRN durante las fechas de Junio del año 2022 y las mismas no fueron incorporadas al temario de las sesiones por la presidencia de dicho cuerpo, poniendo en manifiesto un notable encubrimiento de la funcionaria denunciada en las presentaciones, (cabe aclarar que la presidente del consejo directivo es la Decana de la Facultad).
La nota presentada al rector contiene la firma de más de 100 miembros de la comunidad Universitaria entre los que se incluyen, consejeros, nodocentes, docentes, alumnos y otros miembros afectados directa o indirectamente por la deficiente gestión.
No es la primera vez que se realizan denuncias sobre el mal accionar de la decana y su grupo de trabajo, en cuestiones administrativas, académicas y tecnológicas. La funcionaria victimizándose, utiliza estos recursos para delegar la responsabilidad como autoridad volcando la culpabilidad al Rector de la UNaF, haciendo del accionar un acto político que no hace más que ensuciar a tal prestigiosa institución. Además, en respuesta de la carta abierta mal intencionada de la Ing. Villalba donde expresa que existen “hechos de violencia, atropello, desacato y otras cuestiones” se solicita que de ser así lo demuestre antes la justicia con los mecanismos correspondientes, como ha sucedido con las denuncias que se han realizado sobre su gestión y que hoy se encuentran de manifiesto.
Es responsabilidad de las autoridades universitarias fomentar un entorno laboral seguro y sano, por lo que hechos de esta naturaleza dañan no solo la salud de los implicados, si no que dañan la institución educativa.
