El titular de la fiscalía que entendió en la causa «Vialidad», Diego Luciani, pidió que se revise lo decidido por el juez que aplica la pena contra Cristina Fernández de Kirchner y que la dos veces presidenta «continúe cumpliendo» la «prisión que se le impuso en una unidad carcelaria».
«Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario», señala el documento.
El escrito de más de 30 páginas -que lleva la firma de Luciani y la del fiscal adjunto, Sergio Mola- es un recurso de casación para pedir que se revea la decisión lo dictado por el tribunal de aplicación que resolvió la modalidad de prisión domiciliaria que CFK cumple desde ese momento.
Para los representantes del Ministerio Público «no se verifican las causales que habilitan el acceso a ese instituto», es decir a ese beneficio. De hecho, señalan que «la concesión o no» de la domiciliaria «no resulta de aplicación automática por el solo hecho de verificarse alguna de las circunstancias que prevé la ley».
Además hablan del «riesgo» que genera la situación y recuperan diversos recortes periodísticos que dan cuenta de las movilizaciones y manifestaciones militantes que se produjeron en los días anteriores y posteriores a la confirmación de la pena por parte de la Corte Suprema de Justicia.
«Todo lo expuesto indica la imperiosa necesidad de que, cuanto menos, se revea el lugar donde Fernández cumple la prisión domiciliaria, a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones», señalaron y afirmaron que no se pueden desentender «del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido».
Quizá el punto más llamativo es que Mola y Luciani aducen la propia seguridad de Fernández de Kirchner para pedir que se revea la situación y hablan de «intento de homicidio» y «grave ataque personal» que sufrió el 11 de septiembre de 2022 en la puerta de su domicilio. Además mencionaron que, en caso de ir a cárcel común y quedar alojada de manera individual, «desde ningún ángulo puede asimilarse» esta situación al «aislamiento».
De hecho, consideran que el «alojamiento individual» que proponen para Cristina en una unidad penitenciaria le brindará «mayor seguridad, intimidad, privacidad y mejores condiciones de habitabilidad que las demás, por encontrarse exceptuada de tener que compartir las instalaciones con los otros reclusos»
La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y tiene prisión domiciliaria, otorgada por el Tribunal Oral federal 2, en su domicilio de San José 1111 en el barrio de Constitución, con tobillera electrónica y régimen estricto de visitas.
La decisión definitiva debe ser resuelta por la sala IV de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
