Desde el viernes pasado, a partir del DNU que estableció el aislamiento hasta el 31 de marzo inclusive, se dispuso la permanencia en sus casas, con pocas excepciones como las de los trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad, los transportistas de bienes esenciales y los proveedores de alimentos.
Con esa premisa, que contempla para la gente la única posibilidad de salir a la calle para concurrir a almacenes, supermercados, farmacias, cajeros electrónicos o para sacar a sus mascotas, el gobierno dispuso la suspensión por tiempo indeterminado de «todas las actividades ambulatorias», especialmente en lugares cerrados.
Con todo, entre los exceptuados pueden figurar funcionarios de los gobiernos nacional, provincial o municipal, periodistas y personas que trabajan en la industria de fármacos, en el sector del petróleo, refinerías de naftas y gasoil.
Para ayudar a la organización social y reducir el impacto económico de las resoluciones, el gobierno declaró feriado puente al 30 de marzo y adelantó el feriado del 2 abril al 31 de marzo próximo (ya había sido dispuesto lo mismo para los feriados del 23 y 24 de marzo pasados).
La creación de un Gabinete Federal para afrontar la disminución de la actividad económica, el cierre de las fronteras, la suspensión del transporte de media y larga distancia, la cancelación de vuelos internacionales y de cabotaje y una serie de normas para aliviar a las pymes, monotributistas y sectores informales son algunas de las principales medidas tomadas en la última semana.
También, los servicios que brindan organismos como la Anses, el Pami, el Renaper y la Afip (entre otros) debieron ser readecuados a la situación, a través de nuevas operatorias, líneas telefónicas gratuitas y canales virtuales.
En el día a día, las calles vacías, los negocios cerrados y los rigurosos controles de las fuerzas de seguridad sobre quienes circulan a pie o en vehículos fueron los rasgos más visibles de los cambios que impuso la llegada al país del coronavirus.
Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y policías provinciales son las fuerzas encargadas de controlar el cumplimiento del aislamiento y de la cuarentena (para quienes llegaron del exterior, de zonas de riesgo o estuvieron en contacto con alguna de ellas), en operativos que ya registraron autos demorados o secuestrados y miles de detenidos en todo el país.
Las sanciones impuestas a quienes incumplieron el aislamiento están encuadradas en el artículo 205 del Código Penal (seis meses a dos años de prisión para el que viole las medidas adoptadas por las autoridades «para impedir la introducción o propagación de una epidemia”); y en el artículo 202, que implica una pena más grave.
Se trata del castigo estipulado para los infectados, imputados por haber «propagado una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas» y que prevé una pena de tres a quince años de prisión, disposición que corre para quienes deben respetar cuarentena.
También, entre las medidas más significativas elaboradas por el gobierno, figuran la iniciativa para congelar por 180 días el precio de los alquileres y prohibir los desalojos (será tratada por el Congreso Nacional si puede sesionar), la construcción de 8 hospitales de emergencia, la ampliación de las plazas sanitarias disponibles, la compra de unos 1.500 respiradores y el cierre del Aeropuerto de Ezeiza.
