Lucía tenía 11 años cuando su abuelastro la violó y la embarazó en febrero de 2019, en Tucumán. La víctima pidió la interrupción legal del embarazo (ILE), pero el Estado provincial se negó durante mucho tiempo y después de muchas dilaciones se accedió al pedido, pero la gestación estaba avanzada y tuvieron que practicarle una cesárea. El bebé murió a los pocos días, aquejado por problemas respiratorios severos.
Hoy, a casi un año del hecho, el acusado –de 66 años– fue condenado en un juicio abreviado a 18 años de prisión por el delito de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”.
La decisión, que fue tomada por los integrantes de la Sala V de la Cámara Penal de Tucumán, rozó la máxima pena tipificada en los casos de abuso sexual agravado –que es de 20 años– y será de cumplimiento efectivo.
La audiencia estuvo a cargo de los jueces Fabián Fredejas, María Balcazar y Juana Francisca Juárez. Durante la misma, «Sol” (se resguarda su verdadera identidad para proteger a la niña), madre de Lucía, pidió la palabra y solicitó la pena máxima para el acusado porque “causó un daño tremendo y le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y toda mi familia”.
El acusado se declaró culpable, pero no pidió disculpas. Lucía fue representada por Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos humanos de las Mujeres (Cladem).
“No hay pena que pueda borrar el daño que sufrió Lucía, pero entendemos que este juicio abreviado con una condena que roza la máxima tipificada fue la mejor opción para proteger a la niña que no deberá pasar por un proceso que puede ser revictimizante y estigmatizante en un momento en el que está logrando rearmar su vida y sus vínculos. También muestra que había pruebas irrefutables y contundentes de la culpabilidad del acusado. Es importante remarcar la celeridad con la que actuó la Justicia: en menos de un año, el abusador de Lucía fue sentenciado”, indicaron Emilio Guagnini, de Andhes, y Celia Debono, de Cladem.
Desde las organizaciones recalcaron el pedido presentado al Tribunal Penal de que se haga seguimiento de la condena con la premisa de cuidar a Lucía, que la pena sea de cumplimiento efectivo y que la sentencia incorpore medidas para garantizar la no repetición de este delito.
“También solicitamos que la Justicia recomiende al Poder Ejecutivo que tome todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia hacia las niñas y niños, como campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes –en particular sus derechos a vivir una vida libre de violencias, a gozar de sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos–, campañas de visibilización, sensibilización y prevención de la violencia sexual hacia niñas y niños y educación sexual integral, acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva para niñas, niños y adolescentes”, expresó Florencia Vallino, abogada querellante de Andhes.
El Tribunal, además, dictó medidas de reparación a la niña y solicitó al Poder Ejecutivo asistencia psicológica gratuita para Lucía, una beca para que pueda terminar sus estudios y asistencia social para ella y su familia.
La niña estaba al cuidado de su abuela y su pareja, ya que la madre perdió su tenencia después de que su pareja abusó de sus otras dos hijas mayores. En ese contexto, cuando el abuelastro se quedó solo con Lucía en la casa ubicada en el departamento de Burruyacú, al noreste de Tucumán, se produjo la violación. En un control médico se comprobó el embarazo fruto de esa agresión sexual y la niña contó lo ocurrido a su madre, que presentó la denuncia.
Sin embargo, en el Hospital Eva Perón, donde ingresó por “autolesiones”, la niña habló con una psicóloga y –según reveló Página/12– dijo una frase que consta en el acta judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Su madre también firmó el consentimiento para que se lleve a cabo la práctica.
La madre y la menor habían hecho un pedido expreso a la Justicia de su voluntad de acceder a una ILE –contemplada desde 1921 en Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación, o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante– pero como la decisión se dilató por temas burocráticos tuvieron que realizarle una cesárea debido a su avanzada gestación.
Lucía dio a luz en febrero de 2019 a un bebé de 600 gramos, que falleció días después por problemas respiratorios tras permanecer con cuidados intensivos en incubadora.
Este caso desató una grieta entre las organizaciones que están a favor y en contra del aborto. Incluso, los obstetras Cecilia Ousset y José Gijena –la pareja tucumana que le hizo una cesárea– fueron denunciados penalmente y sufrieron una campaña de hostigamiento en su contra.
En ese marco, difundieron una carta en la que hablaron de la “persecución” que enfrentan tras intentar cumplir el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. “Pusimos fin a su tortura”, explicaron luego de la cirugía que le practicaron el 26 de febrero de 2019.
Sin embargo, su intervención les valió una denuncia penal por “homicidio calificado”, luego de que el bebé muriera días después tras su nacimiento prematuro.
Las organizaciones Andhes y Cladem, además, exigieron durante el juicio el cierre de la causa contra los médicos Gijena y Ousset, quienes le garantizaron la ILE a la menor.
