El ingeniero Edgardo Hoyos, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en la provincia de Formosa, mostró su preocupación por la “muy grave” situación que atraviesa la construcción, que “se agudizó en diciembre”, tras la asunción del nuevo Gobierno nacional y las medidas de ajuste y paralización que comenzó a implementar, llevando al sector a estar “en cesación de pagos”.
Esto motivó que, de forma extraordinaria, este jueves 1º de febrero se reuniera el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, donde están representadas más de 1400 empresas socias, de toda envergadura y de todo el país, y sus Delegaciones, declarando el estado de emergencia en todo el país.
Además, cabe hacer notar que el gobernador Gildo Insfrán, al anunciar medidas salariales para la Administración Pública Provincial, el pasado miércoles 31, informó que actualmente, “por orden de él (el presidente Javier Milei) se suspendieron las viviendas, caminos en construcción y las obras que estaban con financiamiento ya firmado con organismos multilaterales de créditos, o sea internacionales”.
Y alertó: “hay más de 3200 obras en ejecución en el país que ahora se encuentran totalmente paralizadas”.
En ese contexto, Hoyos dijo que el panorama para las empresas constructoras “es crítico y lo más grave aún son las fuentes de trabajo que se podrían perder si esto persiste”.
“La obra pública da la mayor cantidad de trabajo, en la Argentina casi el 80% es obra pública”, explicó para subrayar el impacto laboral que tiene el sector.
En consecuencia, “si esta situación persiste, que es muy grave, van a quedar en la calle cerca de 200 mil obreros” en el país, advirtió.
En esa línea, consignó Hoyos que “hay 140 industrias que trabajan a la par del desarrollo de las obras en distintos tipos, cada una de ellas a la vez tiene un número importante de obreros, por lo que si esto se extiende en el tiempo muchas de ellas entrarán en crisis.
“Por eso, siempre decimos que la industria de la construcción es multiplicadora económicamente de los distintos rubros, ya que cuando uno tiene en una ciudad determinada o un pueblo, unas 100, 200 personas trabajando, dependiendo del tamaño de la obra, éstas gastan todos los días para comer, vestirse, dinamizando todas las modalidades de trabajo”, ejemplificó.
“Me cuesta decirlo, pero para las familias les va a significar no poder contar con el sustento que hoy tienen porque quizás la jefa o el jefe de familia que hoy depende de un puesto laboral, en alguno de los aspectos de la obra pública, se quedará sin él desgraciadamente”, lamentó.
Y reprobó que la construcción sea la variable de ajuste. “Es la primera vez en la historia que recuerde que un presidente de la Nación toma como rehén a la obra pública, ninguno la anuló como hasta ahora”, aseveró.
“Nos tomaron de botín desde el Gobierno de Milei”, repudió Hoyos, haciendo notar que “hasta en los países más desarrollados solo el 15% de las obras se hace por iniciativa privada, el resto es por los Estados”.
Puntualizó esto para refutar a los que justifican esta medida argumentando que “el país está quebrado”, sin embargo, dejó en claro que ello no es así. “Es inentendible que para el desarrollo de un país se tomen medidas como estas”, concluyó.
