En la sesión mixta de ayer de la Cámara de Diputados provincial, quedó aprobada la modificación al Código de Faltas de la provincia que suma penalidades en materia de salud pública y que sanciona a infracciones relacionadas con el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia de coronavirus. Luego de ser aprobado, entrará en vigencia la semana próxima.
Asimismo, en un acalorado y extenso cruce entre legisladores, se aprobó el Proyecto de Ley de las Cuentas de Inversión de la Administración Pública Provincial correspondientes al ejercicio Económico Financiero 2019. Solo contó con el acompañamiento del voto del bloque del PJ ya que la UCR-Juntos por el Cambio votó negativo mientras que el bloque Floro Eleuterio Bogado se abstuvo. Fue sancionada por mayoría.
El miembro informante, diputado Jorge Román, expresó al respecto que «las cuentas de la provincia están «limpias» y en lo que respecta a la situación del tesoro aseguró que goza «de muy sólidos valores activos». «Creo que valió la pena el esfuerzo de austeridad, prudencia y responsabilidad con el que se viene manejando las cuentas públicas», dijo y aseguró que «hay una economía y finanzas muy saludables en la provincia».
A su turno, la diputada Alejandra Andraus, aseguró que «hemos tomado la decisión de que proyecto que ingrese va a ser evaluado y estudiado a pesar de tener una mayoría automática ubicándonos en un contexto y de acuerdo a ello votar en beneficio al conjunto de los formoseños y no respondiendo a un interés en particular». Próximo a esto, anunció que el bloque se abstendría al voto.
De la misma forma el diputado Osvaldo Zárate, del bloque UCR-Juntos por el Cambio aseveró que «del dinero que gastó la provincia durante el 2019 por esta ley de emergencia y de superpoderes no supimos nunca el destino que hoy están manifestando. Insfrán ha gobernado sucesivamente con emergencia económica. No podemos poner nuestros votos en este proyecto que no llega a la gente que necesita. Desde el bloque de la UCR nos preocupa este modelo hegemónico, gobernar con superpoderes y ley de emergencia, no saben gobernar de otra forma, con control parlamentario que es lo que debe suceder».
Código de Faltas
Seguidamente se trató sobre tablas el proyecto que modifica el Código de Faltas de la provincia, incluyéndose el título XIII «Falta contra la Salud Pública, Sanidad e Higiene» y nueva numeración de las disposiciones complementarias.
En ese marco. se modificó el artículo 145 que indica que «será sancionado con arresto de 5 a 30 días, redimible por multa, el que no observare una disposición legalmente establecida por la autoridad en materia de salud e higiene pública».
Asimismo se modificó el artículo 146 que quedó redactado de la siguiente manera; «cuando la conducta prevista en el artículo precedente sea cometida en el marco de una declaración de emergencia sanitaria dispuesta por autoridad competente, el infractor será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa. Si la infracción es cometida con la concurrencia de tres o más personas, la sanción de arresto no podrá ser inferior a quince días».
De la misma forma se incorporó el artículo 147 que sanciona «con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa, toda persona, titular y/o responsable de un establecimiento público o privado, que omita adoptar las medidas sanitarias y protocolos a los que se encuentre obligado por las normas vigentes en caso de emergencia sanitaria, pudiendo disponerse, si las circunstancias lo justifican, la clausura del local».
En el fundamento, se advierte que esto se da «en materia de salud pública, sanidad e higiene incorporando un sistema de infracciones relativas al resguardo de la salubridad pública, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las diferentes medidas sanitarias que son dispuestas en la provincia de Formosa y en particular de todas aquellas dictadas con el objeto de atender la situación epidemiológica y reducir el riesgo de propagación y contagio de las enfermedades que sean objeto de una declaración de emergencia»
El miembro informante Rodrigo Vera, destacó la importancia de la modificación y aseguró que «esto tiene que ver con el cuidado de la salud pública de los formoseños ya que contamos con un status privilegiado, por eso el Ejecutivo envió este proyecto que brinda sustento jurídico a las sanciones que se impongan por el incumplimiento de las tareas, es algo que se ha dado en todas las provincias de distintas maneras, incluso en muchas se han hecho por decreto y acá el gobernador lo ha hecho en un proyecto de ley».
Diputado Enrique Ramírez
Al respecto, el diputado Enrique Ramírez disparó que el proyecto se trata de una «aberración» porque «implementa arrestos de 5 a 30 días en el caso de las disposiciones legales, y hasta 60 días para aquellos que incumplan cuando existe una emergencia sanitaria como la que tenemos acá; es decir si hay una persona sin barbijo el Gobierno de la provincia tiene la posibilidad de privarlo de su libertad hasta por dos meses o redimirlo por multa».
«La verdad es que se trata de un arrebato a la libertad de las personas, no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo en nuestra provincia donde no tenemos circulación viral, sin embargo, quieren arrestar a los formoseños», disparó.
Asimismo lamentó «lo que ocurre en nuestra provincia, se están avasallando todas las libertades que podemos tener inclusive en una situación en donde no hay circulación viral en la provincia».
«Para que exista una causa penal tiene que estar tipificado en el Código Penal, esto no está tipificado, lo que sí está es el tema del contagio de hacer circular una enfermedad y demás, acá no se puede hacer eso porque no hay virus», explicó.
«Esto es grave, avasallan la libertad de los formoseños, este proyecto recién nos llegó el miércoles por la noche y ya el jueves fue aprobado», finalizó.
Martín Hernández
De la misma forma Martín Hernández, ex diputado nacional y presidente de la UCR provincial, se expresó al respecto y aseveró la gravedad de la modificación aprobada.
«Lo advertíamos hace muy pocos días, el gobierno ingresó a la fase de abuso de poder y hoy suma una nueva herramienta para el ejercicio autoritario, una facultad discrecional, arbitraria y hasta antojadiza para meter presos a los formoseños y clausurar comercios que, a criterio de la autoridad, no estén cumpliendo las medidas preventivas contra la pandemia», aseveró.
«Expresamos nuevamente nuestra preocupación y condenamos la actitud oficial de fomentar un ambiente represivo y autoritario. El proyecto del poder ejecutivo que modifica el código de faltas visibiliza la modalidad represiva exprés del gobierno, para profundizar el temor con amenazas concretas de arresto, en manos de quienes siempre ven actos irregulares en cualquiera, menos en los funcionarios que tienen impunidad absoluta para incumplir cualquier medida», indicó.
«Una vez más la reacción intolerante para coartar libertades, a un pueblo que durante todo este tiempo ha demostrado responsabilidad, equilibrio y respeto, pero que se expresa ante las arbitrariedades, como lo han hecho algunos comerciantes en el interior o los propios médicos junto con miles de vecinos. Entender esta expresión genuina y reparar en soluciones dialogadas es propio de gobiernos democráticos; reaccionar, amenazar y reprimir es común de este gobierno acostumbrado al atropello y al sometimiento», denunció.
«Advertimos también que medidas de esta naturaleza conllevan un fuerte condimento antijurídico, discriminatorio y clasista, donde muchos podrán incumplir las normas y dejarlas atrás con dinero, pero los sectores más humildes se enfrentarán a un proceso con derecho de defensa limitada, sin dinero y tendrán que soportar el encierro, incluso por no haber tenido el barbijo puesto, o por haber salido a buscar el sustento diario para alimentar a la familia», expresó.
En ese marco aseveró que «el proyecto de reforma del Código de Faltas es peligroso para el ejercicio del derecho a la libertad, contraproducente, abusivo y autoritario; y se presta a toda clase de injusticias y atropellos».
«La emergencia debió haber sido una oportunidad, de diálogo, construcción en común, compartiendo objetivos y caminos, pero lamentablemente Insfrán se ha subido a la suma del poder público y se siente cómodo, con el pueblo encerrado y los poderes del estado sometidos, y no satisfecho va por más, por el derecho a decidir quién tiene libertades y quien no», finalizó.
