La Casa Rosada espera que la semana próxima arranque la discusión en comisión; la UCR incluiría el capítulo de la reforma laboral; en el caso de la ley ómnibus, se apunta a despachar un nuevo dictamen de la iniciativa original.
El Gobierno remitirá en las próximas horas a los gobernadores y los jefes de los bloques “amigables” en Diputados el último borrador de la nueva ley “Bases” y del proyecto de ley fiscal. Tras varias semanas de reuniones con idas y venidas sobre la letra chica, el objetivo de la Casa Rosada es que los mandatarios provinciales y los legisladores hagan la última validación de los textos para empezar a tratarlos en comisiones en la Cámara baja la semana que viene.
A diferencia de lo que ocurrió en enero, cuando la gestión de Javier Milei envió un mamotreto a “libro cerrado” que terminó siendo desgranado en el tratamiento en particular, esta vez el Gobierno pretende llegar al debate parlamentario con los acuerdos zurcidos previamente para asegurar la rápida sanción de los proyectos. “Les mandamos estos últimos borradores a modo de último chequeo, para confirmar que estamos todos en la misma página”, dijo un colaborador oficial.
La jefatura de Gabinete pulía los textos para que el Ministerio del Interior pueda girarlos a todas las partes. En el caso de la ley “Bases”, dado que el Presidente no quiere remitir un proyecto nuevo al Congreso y que la primera ley aún tiene estado parlamentario, el Gobierno enviará en rigor el texto de un dictamen remozado, con un tercio del articulado, para que el plenario de comisiones reemplace el dictamen original. Fuentes parlamentarias agregaron que hacer este despacho (en lugar de ingresar una nueva iniciativa por mesa de entradas) va a acelerar notoriamente los tiempos.
Respecto al proyecto fiscal bautizado “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, el Gobierno entiende que ya hay suficiente consenso con el capítulo más controvertido, referido a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que ahora se llamará “impuesto a los ingresos”. La Casa Rosada ratificó que fijará el mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Además, no se cobrará el retroactivo del gravamen que había quedado en un gris legal. Se propondrán escalas “muy graduales”, según fuentes oficiales.
“Es el piso más razonable que pudimos encontrar y tenía bastantes puntos de coincidencia. Yo creo que todos están satisfechos con haber encontrado este valor como punto intermedio”, confió el ministro del Interior, Guillermo Francos. Pese a que este lunes, en una extensísima entrevista con Alejandro Fantino, Milei volvió a enviar señales de intolerancia y dijo que está dispuesto al “conflicto” con el resto del arco político, en Balcarce 50 creen que esta vuelta los proyectos verán la luz.
Cronograma
Francos mantuvo en las últimas semanas dos reuniones con cada uno de los bloques más proclives a acompañar las iniciativas oficiales: Pro, Hacemos Coalición Federal y el radicalismo. Luego del encuentro inicial con las 24 jurisdicciones, el ministro mantuvo un encuentro con los gobernadores del norte en Salta y otro con los mandatarios de Juntos por el Cambio. Con otro grupo se entrevistó de forma individual.
Quedaron por fuera de esos encuentros cuatro gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Martín Llaryora (Córdoba). A este último el ministro tenía previsto llamarlo telefónicamente para intentar acercar posiciones y empezar a planificar los pormenores del eventual “Pacto de Mayo” previsto para el Día de la Patria en la capital de su provincia.
Con el bloque de la UCR la Casa Rosada hizo un acuerdo particular. Ante la insistencia de los radicales para incluir en la ley “Bases” la reforma laboral que estaba en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia, los funcionarios de Milei le propusieron al jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, que su bloque presente su iniciativa en esa línea para incorporarla durante el tratamiento en comisión. Es decir, que el Gobierno descargaría en el radicalismo la autoría del capítulo laboral.
El cronograma que está en la cabeza de los funcionarios de Milei es que la semana próxima los proyectos deberían tratarse en comisión y obtener dictamen para bajar al recinto de Diputados a la semana siguiente, la que comienza el 22 de abril.
Es probable que luego haya un impasse de dos semanas por el feriado del 1º de mayo, pero la intención es que los proyectos tengan su sanción en el Senado en los primeros 15 días del próximo mes. El poroteo fino en la Cámara alta aún no está hecho y allí hay dudas sobre el peso que pueden tener los gobernadores patagónicos, que vienen mostrando más disidencias en todas las conversaciones.
Con el “Pacto de Mayo”, a diferencia de lo que ocurre con las iniciativas parlamentarias, el Gobierno quiere reactivar el modo intransigente que mostró al inicio de la gestión. No quiere incluir nuevos temas, como la defensa de la educación pública. En la Casa Rosada dicen que los diez puntos que presentó Milei el 1º de marzo en el Congreso como parte de un gran acuerdo refundacional “no se tocan”, porque son un “contrato de adhesión” que los actores políticos pueden suscribir. Caso contrario, quedarán fuera de la foto que tendrá al líder libertario en el centro de la escena.
