Concluyó que Jaime Mecikovksy y otros técnicos actuaron de manera correcta y no hay indicios de una asociación ilícita o de falsos testimonios
El kirchnerismo sufrió un nuevo traspié en los tribunales. La Justicia concluyó que no se encontraron indicios para sostener que hayan existido “grupos especiales” dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinados a perseguir a empresarios o funcionarios kirchneristas durante el gobierno de Cambiemos y, por el contrario, convalidó la actuación desarrollada entre 2015 y 2019.
La decisión la adoptó el juez federal Sebastián Casanello, quien sobreseyó a Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. El magistrado concluyó que Mecikovsky, al que el kirchnerismo tiene en la mira y apartó de sus funciones desde hace años, no lideró una supuesta asociación ilícita dentro del organismo, sino que cumplió con su labor como funcionario.
Casanello dispuso el sobreseimiento de Mecikovsky este lunes, en un expediente en el que cifraba sus esperanzas el kirchnerismo. Acumuló las denuncias que presentaron Rubén Ángel Toninelli, quien dirigió la Dirección General Impositiva (DGI) durante la gestión de Ricardo Echegaray, y otros ex funcionarios del organismo durante esa gestión como Mariana de Alva, Carlos Sánchez, Norberto Filipini y Guillermo Michel, actual titular de la Dirección General de Aduanas (DGA).
El expediente se había iniciado en 2016 con una acusación contra Mecikovsky por presunto falso testimonio. Le enrostraron que habría declarado falsedades en una investigación penal abierta contra Toninelli por su presunta connivencia con Lázaro Báez. Pero a esa primera denuncia se sumaron con el correr de los meses otras acusaciones de otros exfuncionarios de Echegaray por el mismo delito, como supuesto líder de una asociación ilícita y otros delitos como violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.
La investigación quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien dispuso múltiples medidas de pruebas, pero las hipótesis se diluyeron o se comprobaron falsas durante la instrucción del expediente. Y ahora, casi siete años después de radicada la primera denuncia –y un largo periplo de apelaciones que llegó hasta la Casación-, Casanello sobreseyó a Mecikovsky y ordenó archivar las actuaciones contra el resto de los miembros del “grupo especial” a los que les endilgaban conformar una asociación ilícita.
De acuerdo a la denuncia de Toninelli –quien está probado que siendo titular de la DGI viajó a Río Gallegos en el avión privado de Lázaro Báez junto a Martín Báez y su hijo Federico Toninelli mientras la AFIP investigaba a los Báez-, Mecikovsky habría liderado una asociación ilícita dentro de la AFIP con otros funcionarios y técnicos. Entre ellos, Manuel Rodríguez, Pablo Legardón, Carlos Blanco, Silvina Huici, Juan José Cappannari, Pedro Robledo, Santiago Eduardo De Marco, Roberto Mario Ávila, Sansinena y Juan Carlos Santos.
Para Casanello, sin embargo, la acusación no tenía asidero para prosperar. “Dejando a un lado la orfandad probatoria”, sostuvo, “las críticas [de Toninelli y otros] son tan genéricas que no podrían constituir el cuerpo de ninguna intimación válida”, concluyó.
El magistrado también descartó las denuncias por presunto falso testimonio contra Mecikovsky, y otros técnicos de la AFIP por sus afirmaciones en expedientes incómodos para Báez, Toninelli y otros funcionarios. “La acusación de falso testimonio que se le realiza en esta causa a Huici, Blanco y Mecikovsky, al igual que su instigación, carece de contenido concreto al no haberse individualizado cuáles habrían sido las falsedades afirmadas, o las verdades negadas o calladas en sus declaraciones”, remarcó Casanello.
