Una multitudinaria movilización que arribó a la gobernación de Mendoza terminó con corridas, incidentes y gases lacrimógenos. Se trata de la marcha que comenzó el domingo en diferentes localidades de esa provincia y ayer a la mañana culminó en la Plaza Independencia. Los manifestantes se oponen a la reforma de la Ley 7.722, aprobada por la legislatura, que habilitó la actividad minera con el uso de sustancias químicas.
Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 19 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos. El objetivo de la manifestación, que sumó la adhesión de vecinos de todas las localidades de Mendoza, es que el gobernador, Rodolfo Suárez, vete la ley.
Según informaron medios locales en las últimas horas el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Menoza, Humberto Mingorance, se reunió con cuatro referentes ambientalistas, y si bien les prometió que podrán ser parte de la implementación de la 7.722, también sostuvo que no hay posibilidad de veto.
En esa misma línea Mingorance aseguró al medio Mendoza On Line que “se está trabajando con altos estándares ambientales al igual que hicimos con el fracking”. “Buscamos que se compare con los mejores ejemplos, no con los malos. Un ejemplo positivo es Australia, que genera el 40% del PBI a través de la actividad minera”, indicó.
En paralelo a la manifestación, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El viernes pasado senadores y diputados mendocinos aprobaron por amplia mayoría la modificación a la Ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras. El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
La modificación dio origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales. En tanto, ayer cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Suárez. Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
Al parecer, Suárez comenzó a recibir una serie de mensajes amenazantes e intimidatorios vía WhatsApp después de que se difundiera su número telefónico a través de las redes sociales, en el marco de las protestas.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas nacionales también expresaron su descontento con la modificación. Greenpeace sostuvo que “la modificación a la Ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia”.
Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace, declaró que “es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta”.
