Juntos por el Cambio le envió una carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el austriaco Volker Türk, en la que rechazó las acusaciones contra la Justicia que, el lunes, realizó el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla.
“La representación argentina, a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente”, se señala en la nota. La alianza opositora afirmó que la presentación del funcionario tiene “como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista, que fueron corroborados por la Justicia no solo con la condena a la actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno”.
“Quisiéramos expresar que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó Juntos por el Cambio en su misiva. “Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la Justicia para lograr su impunidad ”, se advirtió en la carta.
Para responder a las críticas que Pietragalla planteó sobre la detención de Milagro Sala, a la que calificó de “arbitraria”, los partidos que integran la coalición opositora señalaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 15 de diciembre, dejó firme su condena de 13 años por una probada asociación ilícita y defraudación al Estado por más de 60 millones de dólares”.
Es “inédito y penoso” el informe que expuso Pietragalla: “Es inédito y penoso que, en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la Justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente de violar los derechos humanos sobre la base de un supuesto lawfare utilizado como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción”.
“Repudiamos que el obierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un ‘criminal endeudamiento del gobierno anterior’”, agregaron los opositores en la carta enviada a Türk (nombrado en septiembre del año pasado como reemplazante de la expresidenta chilena Michelle Bachelet al frente de la Oficina del Alto Comisionado). Argumentaron que “dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”.
