En conferencia de prensa vespertina, el martes último el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID19 brindó precisiones sobre el informe presentado a la Corte Suprema de la Nación, en cumplimiento de la medida cautelar que ordenó el 19 de noviembre el ingreso de las personas que se encontraban inscriptas a ese momento a la provincia cumpliendo los protocolos necesarios, en el término de 15 días hábiles.
En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Carlos Lee patrocinante de varios habeas corpus presentados por los varados, hizo una evaluación del cumplimiento de la provincia, dijo que también elevará al máximo órgano de justicia del país un informe sobre los mecanismos empleados porque «nuevamente se vulneraron los derechos de varados».
«Creo que nuevamente nos plagamos de mentiras y de situaciones que no son reales, de que de alguna u otra manera salieron consiguiendo que la gente no pueda ingresar en tiempo y forma tal como lo había ordenado la Corte, porque han buscado artimañas y pretextos en los cuales hicieron incurrir a muchos de los varados para que renuncien a la fecha establecida», comenzó diciendo y agregó que «lo cierto es que a una persona que vive a 4.000 o 5.000 kilómetros darle ingreso de dos días es materialmente imposible».
«Otra de las cuestiones que se ha dado y que tenemos conocimiento es que a través de un convenio con la Policía de Chaco se frenaba a las personas que no tenían la autorización enviada por el Gobierno de la Provincia para el ingreso», aseveró el letrado.
Agregó que «las personas que no tenían para pagarse el PCR porque se encontraban varadas ya hace mucho tiempo y eso le implicaba un gasto extra se veían privadas de trasponer la provincia de Chaco para llegar hasta Mansilla».
Denunció que estas «artimañas» son «inhumanas» porque «no solo juegan con las expectativas que tenía el varado sino también con la esperanza de la familia que lo esperaba acá en Formosa, esperanza que se veía frustrada por requisitos formales».
Seguidamente, Lee indicó que «muchos renunciaron» para que se le cambie la fecha de ingreso porque «no le daban los tiempos».
«De alguna u otra manera lo que el Gobierno buscaba era salirse con las suyas con lo que vienen planteando desde hace mucho tiempo. Esto nuevamente es una cachetada al pueblo formoseño, dicen que un poco más del 40% ingresó y que los demás renunciaron, pero lo cierto es que no renunciaron, sino que les hacían renunciar con la expectativa de poder asignarle una nueva fecha lo cual finalmente no se cumplió», señaló.
Clarificó que lo que se buscaba era «justificar» ante la Corte Suprema y que la «informalidad» con la que se manejaron produce hoy otra vez una «restricción» a las libertades de estas personas.
Consultado si es que realizarán algún planteo judicial respondió: «nosotros vamos a informar a la Corte los mecanismos empleados por el Gobierno de la provincia de Formosa para nuevamente vulnerar los derechos de estas personas».
Corte
«La Corte tendrá que definir si hubo incumplimiento a la manda judicial o no, y si estos argumentos expuestos por el gobierno son válidos o no. El fallo decía que debían ingresar esas personas, haciendo caso a las medidas sanitarias interpuestas acá adentro, no que restrinjan y no le permitan cruzar la provincia de Chaco porque no tenía su permiso», expuso.
«Pedirle a un varado que tenga $40.000 (entre hisopado y traslado) para ingresar a Formosa realmente ocasiona un nuevo perjuicio para estas personas, y no hay que olvidar que está vedado el ingreso a través de los micros interurbanos de pasajeros», añadió el abogado
Insistió diciendo que si ponen todas las trabas habidas por haber lo que hacen es «nuevamente vulnerar esos derechos que todos los ciudadanos tenemos».
«Lo cierto es que en Argentina no se puede restringir la libertad de tránsito de las personas, y si ellos cumplieron con las formalidades establecidas en el protocolo sanitario de la provincia eso no se puede restringir; también es restringir cuando se exige y no se brinda los medios. La salud pública es un derecho amparado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales», cerró.
Informe que entregó
la provincia a la Corte
La información entregada por la provincia a la Corte decía que al momento del fallo había 8321 inscriptos, pero tras iniciarse los contactos, la cifra trepó a 8876 personas, teniendo en cuenta que algunas familias no había inscripto a todos sus miembros en la solicitud.
De ellas, tenían domicilio en la provincia, 3909 personas y 4967 lo tenían fuera de Formosa, de acuerdo al cruce de datos del Registro Nacional de las Personas.
Según lo informado por el ministro de Gobierno, Jorge González, aceptaron ingresar 3126 personas (35%), un total de 3980 lo rechazaron (45%), y no respondieron a los llamados del equipo de voluntarios 1480 solicitantes (17%). Además, un total de 290 personas bajaron su inscripción por distintos motivos lo que representa un 3% del total.
Al desagregar el apartado de personas que decidieron ingresar a la provincia, se informa que 2975 lo hicieron, alojándose en un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP) que fuera preparado por el gobierno provincial, mientras que 102 personas optaron por alojarse en un hotel, pagando su estadía.
Al momento del informe a la CSJN, 49 personas debieron reprogramar su ingreso a Formosa, por haber dado positivo el examen de PCR exigido para ingresar.
En cuanto a las 3980 personas que rechazaron el ingreso, se informó que esgrimieron distintos motivos, a saber: problemas económicos (17%), falta de movilidad (7,9%), el plazo de ingreso fue corto (36,4%), no contar con los requisitos sanitarios –PCR- (0,4%). Entre las razones figuran además no querer hacer la cuarentena obligatoria (3,2%), otros motivos (2,8%), no explican las razones (16,6%) y no desea ingresar a la provincia (15,5%).
«Del grupo de personas que argumentaron que el plazo fue corto trabajamos mucho con ellos, 1448 personas, se establecieron muchas comunicaciones y de ese 36%, ya con el 76% (1.200 personas) hemos resuelto el ingreso con posterioridad al 14 de diciembre», explicó González.
