Entre las modificaciones más significativas se destaca que a partir de abril comenzará la actualización de los haberes jubilatorios según la inflación mensual, el retiro de YPF del listado de empresas sujetas a privatización y la eliminación de las retenciones para las economías regionales.
El texto con los cambios a la ley de «Bases» incluye mantener el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual pero con ajuste automático por inflación mensual a partir de abril, se reduce además el plazo de las delegaciones legislativas a un año y se elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, a la vez que se establece la quita de retenciones sólo a las economías regionales, entre otros puntos.
De acuerdo al borrador al que tuvo acceso Télam, «el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual» y «a partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec. Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo», se añadió.
Se trata de las devoluciones a las modificaciones que solicitó una parte de la oposición a la ley «Bases» enviada por el Poder Ejecutivo, que pasó de 664 artículos a 523, es decir que se eliminaron más de 100 artículos.
Entre otras cuestiones, «se modificaron algunos aspectos vinculados a la estructura y redacción del proyecto a los fines de mejorar la técnica legislativa y favorecer su lectura».
En esa línea, se eliminó la emergencia en materia social y de Defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a un año, con la posibilidad de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.
En cuanto a las privatizaciones, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Con respecto a la fórmula de movilidad, «se va a mantener el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual y a partir de abril, comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del Indec». Por otro lado, se establece la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice.
El Incaa va a seguir recibiendo un monto indeterminado de recursos de manera automática, en tanto del Fondo nacional de las Artes, el 70 por ciento de los recursos son gastos administrativos y se garantiza que no se propicia su cierre, sino que se buscan mecanismos favorables a los artistas. Entre ellos, que los directores deberán ser ad-honorem y los gastos no pueden representar más del 20 por ciento.
En cuanto al Instituto de la Música y Bibliotecas Populares, «se restringen gastos, los cuáles no deben ser mayores al 20% de sus ingresos, en tanto que el Instituto del Teatro será absorbidas por la Secretaria de Cultura y los fondos no se verán afectados».
En referencia a los derechos de exportación, «se establecen en 0 por ciento para las economías regionales, a la vez que se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir esos derechos, en tanto que se mantiene únicamente la facultad de poder reducirlas».
En torno a la Pesca, el proyecto original no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera, por lo que esa palabra fue removida en esta versión para clarificar esa confusión, mientras que se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.
Respecto al blanqueo de capitales, el texto establece un capítulo de regularización que quedaría de la siguiente manera:
