Una de las cámaras más importantes del sector petrolero envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que expresa su rechazo al intento oficial por pagar la deuda con Cammesa a través de un bono con vencimiento en 2028 que cotiza con un descuento del 50 por ciento. La intención del Gobierno fue formalizada a través de la publicación de una oferta en el Boletín Oficial y ya había recibido el rechazo de las generadoras de electricidad.
Este jueves, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) envió una misiva destinada a Caputo y al secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo referida a la Resolución de la Secretaría de Energía 58/2024 que dispuso la forma de pago de la deuda que actualmente mantiene Cammesa con los productores de gas que están agrupados en esa cámara por entregas hechas durante diciembre, enero y febrero pasados.
La CEPH incluye ni más ni menos que a YPF entre sus afiliados, pero la petrolera con mayoría estatal ya aclaró en el pasado que avalará con su firma comunicados concretos de la cámara. Al no tener la firma de YPF, entonces, se deduce que la principal petrolera no avaló la carta.
El fuerte rechazo petrolero se suma así al que ya había dado a conocer AGEERA, la cámara que nuclea a las generadoras eléctricas. Y a la preocupación que según un ejecutivo de una multinacional del sector llegó a oídos del FMI, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía y hasta la Embajada de los EEUU en Buenos Aires. La saga Cammesa se está convirtiendo en uno de los principales conflictos entre el Gobierno de Javier Milei y un sector privado que, en general, tiende a apoyar el proceso.
La norma mencionada proponía pagar unos $600.000 millones correspondientes a diciembre y enero con un bono en dólares con vencimiento en 2038. La emisión, equivalente en términos nominales al monto de la deuda, implicaba una quita del 50% porque esos títulos ya existen y cotizan a la mitad de su paridad. Es decir, a valores presentes, el Gobierno estaría pagando la mitad de la deuda. Para el mes de febrero, mientras tanto, la misma resolución planteaba un pago en efectivo.
“Le informamos que la mayoría de los Productores nucleados en esta Cámara rechaza la modalidad de pago dispuesta en la Resolución”, dice la respuesta que lleva la firma de Carlos Ormachea, presidente de la CEPH.
Acto seguido, pasa a enumerar los fundamentos del rechazo:
La resolución afecta los derechos contractuales de los productores al amparo de los contratos celebrados con CAMMESA en el marco del “Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el Autoabastecimiento Interno, las Exportaciones, la Sustitución de Importaciones y la Expansión del Sistema de Transporte para todas las Cuencas Hidrocarburíferas del País 2023-2028″ (el “Plan Gas.Ar”), aprobado por el Decreto N° 892/2020 y modificado por el Decreto N° 730/2022, en clara afectación a su derecho constitucional de propiedad.
La alteración, de manera unilateral por parte de esa secretaría, a los términos de contratos celebrados al amparo de procesos licitatorios públicos, afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones.
Se afecta en forma directa la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción, incrementando innecesariamente el riesgo de suministro de gas natural, la continuidad de la cadena de pagos y el crecimiento del sector.
La conducta del Estado Nacional por medio de la Resolución y la instrucción que imparte a CAMMESA resulta violatoria de los contratos celebrados por los Productores, de los términos del Plan Gas.Ar, así como de la normativa aplicable. Ello debido a que CAMMESA adeuda la totalidad de las entregas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, más intereses desde octubre 2023, cuando en simultáneo cuenta con fondos disponibles para hacer frente a parte de esa Deuda.
En este sentido, resulta altamente cuestionable y preocupante que la Resolución pretenda sujetar el pago de la deuda correspondiente a las entregas del mes de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el cambio unilateral de los contratos para los montos correspondientes a las entregas de gas de diciembre y enero (con la quita que ello implica).
