La deuda copó la agenda central de la política económica. Esta semana se develará la incógnita sobre si la provincia de Buenos Aires consigue el 75% de aceptación para estirar el plazo de pago de USD 275 millones hasta el 1 de mayo o cae en default. Además, el Gobierno lanzó un canje de bonos en pesos para hacer frente a un vencimiento inminente por $100.000 millones. Y ya se divulgó el calendario completo que quiere ejecutar el ministro de Economía, Martín Guzmán, para renegociar la deuda antes de fin de marzo, en un cronograma sumamente exigido.
Para el Gobierno la renegociación de la deuda resulta fundamental para arrancar con el plan económico. Entienden que hasta que no se sepa hasta qué punto está despejado el camino desde el punto de los compromisos futuros es imposible presentar un presupuesto para el 2020. O proyectar cuál es el nivel de reactivación que podría tener la economía argentina, ni si será posible alcanzar o no el equilibrio presupuestario a lo largo del año.
En el encuentro que mantuvo en Nueva York el lunes, en el marco del Consejo de las Americas, el centenar de banqueros, analistas y hombres de negocios que fueron a escuchar a Guzmán reclamaron un cambio en ese orden de prioridades. Quieren que el gobierno explicite su plan económico antes del canje de la deuda. Algo similar sucede en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno Axel Kicillof pidió un estiramiento de los plazos de pago de la deuda, pero sin dar pistas sobre lo que piensa hacer luego del 1 de mayo, la fecha establecida para la postergación del pago del bono que venció el 26 de enero.
El FMI será un actor clave en la renegociación de la deuda. El nuevo encargado del “caso argentino”, Luis Cubbedu, ya dejó entrever en su primera reunión formal con Guzmán cuál es la visión del organismo en relación a este tema clave. Para el Fondo, el concepto clave es “sostenibilidad”. Eso significa que la salida al problema del endeudamiento que enfrenta la Argentina debe ser ‘sostenible» en el tiempo. En otras palabras, la futuros compromisos que enfrente la Argentina una vez culminada la reestructuración deben ser no creíbles pero sobre todo cumplibles. De lo contrario, se volvería a caer una y otra vez en el mismo problema.
La posición del ministro de Economía ya es bastante conocida. Consiste básicamente en patear la pelota para adelante de dos maneras. Una de ellas es la tradicional e implica extender entre 5 y 7 años la maduración promedio de los bonos. Ello iría de la mano de menores cupones de intereses, que actualmente se ubican entre 7% y 8% anual en dólares.
Pero a esas condiciones se añade una nueva: despejar todos los pagos de deuda (tanto capital como intereses) durante los próximos tres años. Esta suerte de “período de gracia” es lo más difícil de digerir para cualquier acreedor. Cuando se llegan a acuerdos de este tipo en general se pide un “endulzante”, que puede consistir en un pago inicial en efectivo, donde quedaría plasmada la buena fe del acreedor en cumplir con sus compromisos.
Para el FMI un alargamiento de plazos, reducción de intereses y dejar el horizonte inmediato despejado no sería suficiente. Por eso reclama que el Gobierno avance con una quita de capital nominal de la deuda con acreedores privados del orden del 20%. De esta manera, mejoraría en forma importante la relación entre deuda y PBI, volviéndolo más razonable. Esa relación subió de prácticamente 55% a 90% en los últimos dos años. En parte tuvo que ver con el efecto que la devaluación generó en la deuda en dólares, pero además se achicó el Producto en los últimos dos años. La intención sería volver a niveles de deuda que no superen el 65% ó 70% del Producto.
La disputa de las próximas semanas se dará entre los bonistas y el FMI, los dos principales acreedores de la Argentina. Claro que el Fondo está en condiciones de presionar fuerte. La Argentina le debe USD 44.000 millones fruto del acuerdo firmado en 2018 y hay fuertes vencimientos que se acumulan en 2022 y 2023. El organismo ya habría dado el visto bueno para extender en forma significativa esos plazos, pero a cambio exige una fuerte reestructuración de la deuda con los acreedores privados.
Existe un caso similar en el pasado reciente del Fondo. Se trató de la renegociación de la deuda de Uruguay en 2003. El FMI presionó para que se implemente una quita nominal del 20% sobre los acreedores, pero finalmente el gobierno uruguayo logró convencerlos (junto con el respaldo del Tesoro norteamericano) de la inconveniencia de aplicar quitas. Finalmente se estiraron los plazos de vencimientos de los bonos, pero incluso se siguieron pagando los mismos cupones. La quita real para los inversores apenas llegó al 10%.
El caso argentino es difícil de equipararlo con Uruguay de 2003. Por lo pronto, los mercados ya se están adelantando a un escenario mucho menos benigno, con un nivel de quita real superior al 40%, incluyendo recortes de capital de los bonos. Se vuelve a hablar de un modelo de renegociación más parecido al de Ucrania en 2015, que sí tuvo una quita nominal del 20%.
Ninguno de los escenarios, sin embargo, asegura que la Argentina podría volver rápido a tener acceso al financiamiento internacional. Para eso, el riesgo país, que se ubica ahora alrededor de los 2.000 puntos, debería quedar por debajo de los 800 puntos luego del canje.
