El ministro de Economía Sergio Massa y su nuevo viceministro Gabriel Rubinstein afrontará desde este lunes una semana en la que habrá en la hoja de ruta más próxima decisiones inminentes en materia fiscal y de gasto público, una señal salarial con la discusión sobre el salario mínimo, el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario antes del viaje a Washington, y otras como la expectativa de ingreso de divisas por parte de exportadores, cambios regulatorios para sectores como la construcción o la minería y, en estudio, una flexibilización del esquema de control de importaciones. Forman parte de la agenda que el ministro de Economía marcó como una suerte de segundo capítulo de su primer paquete de anuncios que hizo apenas asumió en el Palacio de Hacienda. Todos esos desafíos macro ahora tendrán la supervisión del economista y consultor Gabriel Rubinstein, que comenzará a trabajar formalmente como viceministro y secretario de Programación Económica este lunes, luego de la presentación pública que hizo Massa el domingo vía Twitter.
Dentro de las prioridades de gestión, Massa apuntará a la cuestión fiscal. El ministro realizó una serie de anuncios al comienzo de su gestión y avanzará para cristalizar la intención de recortar la velocidad del gasto público, que según los técnicos del ministerio, en caso de seguir con el ritmo con el que traía, el sector público terminaría el año muy por encima de la meta fiscal con el FMI, de 2,5% del PBI. El Gobierno buscará como compromiso no bajar más fondos de lo presupuestado en el decreto de mediados de junio.
En la hoja de ruta más próxima aparecen decisiones en materia fiscal y de gasto público, una señal salarial, el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario, el ingreso de divisas por parte de exportadores, cambios regulatorios para construcción y minería y, una flexibilización de importaciones
Pero también necesitará buscar frenar la velocidad de algunas partidas que en lo que va del año crecieron muy por encima de la inflación. En términos reales, quitando el efecto de la suba de precios, el gasto corriente creció 8,3% en los primeros siete meses del año, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En detalle, los subsidios avanzaron 15,2%, los sueldos públicos un 12,3%, las transferencias a provincias un 12 por ciento. Entre los gastos de capital, la inversión real directa acumula un crecimiento de 9,6 por ciento. Algunas de estas cifras se oficializarán este lunes cuando la Secretaría de Hacienda que comanda Raúl Rigo publique el resultado fiscal del sector público correspondiente a julio. Rigo, junto al jefe de gabinete de asesores Leonardo Madcur, fueron los hombres a los que Massa les encargó mantener a raya la caja presupuestaria.
Hay pocos ítems en los que el equipo económico podría avanzar para ajustar las clavijas del gasto público. Principalmente las erogaciones que son más discrecionales que automáticas o indexadas, es decir, las transferencias a los gobernadores o el fondeo de obra pública, dos rubros, como se dijo anteriormente, que tuvieron un crecimiento marcado en términos reales en los primeros siete meses del año.
La cuenta fina que hacen en Economía es que el freno de mano al gasto debería servir para “corregir” el desvío de 0,7 puntos del PBI que en el massismo ven en la ejecución presupuestaria, pero también hay otro número que aparece como una sombra: el monto de deuda flotante, es decir pagos atrasados, que acumuló durante la primera mitad del año el sector público, superior a los $800.000 millones. Se trataría de cerca de un punto del Producto Bruto solo de erogaciones pendientes para la administración pública. No es un tema menor ya que es un elemento que suele aparecer en la mira de los técnicos del Fondo Monetario habitualmente y que en el programa vigente con el organismo incluso tiene metas trimestrales, con un perfil más bajo pero igual de relevantes como la emisión o la acumulación de reservas. Según estimaciones de la consultora Invecq, “la dinámica fiscal actual nos hace proyectar un déficit primario para fin de año de al menos 3,3% del PBI, es decir que se proyecta un desvío respecto de la meta de casi 1 punto del PBI”. En ese sentido, analizaron el impacto de una serie de medidas, entre ellas el esquema de segmentación con topes de consumo, el bono a jubilados y el adelanto de Ganancias para 1.900 empresas. “El neto de estos tres elementos arrojaría una reducción del déficit fiscal de 0,05% del PBI. Si decimos que el desvío con respecto a la meta es de casi 1% del PBI con 0,05% no estamos ni cerca de empezar”, aseguraron.
Más allá de lo fiscal, otra luz urgente en el tablero es el de las reservas. El mecanismo al que el ministro y su equipo le pone más fichas es a que exportadores adelanten parte de la liquidación de sus divisas en cuentas especiales que les darán un interés en dólares, lo que podrá hacer sumar reservas a la autoridad monetaria. Desde el BCRA aseguran que esa licitación de tasa se realizó, pero evitaron mencionar cuántos dólares ya fueron parte de esas primeras operaciones de exportadores, que a su vez salieron el miércoles a asegurar que el sector utilizará ese mecanismo nuevo.
La cuenta fina que hacen en Economía es que el freno de mano al gasto debería servir para “corregir” el desvío de 0,7 puntos del PBI que en el massismo ven en la ejecución presupuestaria
“No me gustaría anticiparme pero así como ayer y hoy las cerealeras empezaron a suscribir operaciones vía Nodo (notas en dólares que emite el BCRA para los bancos que crearán esos depósitos especiales), estamos buscando un acuerdo de trabajo técnico con la Mesa de Enlace para avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación que nos permita aprovechar la potencia y generación de riqueza que tiene el sector”, aseguró el ministro de Economía.
