El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó su tradicional informe sobre los derechos humanos, una práctica que comenzó durante la presidencia de Jimmy Carter, en los años 70. En el apartado dedicado a la Argentina, el documento advierte sobre la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial del país, al que trata de “politizado”.
El secretario Antony Blinken afirmó en una conferencia de prensa, que este informe sirvió durante más de medio siglo como «un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia».
Al igual que años anteriores, el Departamento de Estado enumeró los problemas y violaciones de derechos humanos que existen en la Argentina, entre los que destacó ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas las “ejecuciones extrajudiciales”, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales, malas condiciones penitenciarias, “serios problemas con la independencia del poder judicial” y “grave corrupción gubernamental”.
El informe destaca que si bien «el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción», no fueron las suficientes para lograr que los acusados fueran condenados.
Con respecto a la situación de la Argentina, informaron que «entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudicia- les; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales». Sobre la «Denegación de un juicio público imparcial», el informe advierte que si bien «la ley prevé un poder judicial independiente», sucede que «los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales». Y agrega: «Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política».
Aunque el poder judicial generalmente hizo cumplir el derecho a «un juicio justo y público», advierte que «las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial». También sobre «la amplia discrecionalidad de los jueces sobre las investigaciones y cómo llevar a cabo las investigaciones contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias».
En cuanto a la corrupción, el informe del Departamento de Estado señaló que «hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad». Y agregó que «los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes».
«La ley establece sanciones penales para la corrupción de los funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. La debilidad de las instituciones y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar la corrupción».
«Varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y ex personalidades políticas, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaban en curso hasta septiembre», que es el mes cuando se cerró el informe.
De esta manera, el reporte se refiere a un resumen sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y otros 9 imputados principales (de 45 en total), que fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era la Jefa de Estado.
«Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en u$s160 millones», señala el reporte de EE.UU, y «pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y se impusiera una prohibición de por vida para servir para ejercer cargos públicos».
