El diputado provincial, Ricardo Carbajal, rechazó la decisión del Gobierno provincial de suspender el servicio de energía eléctrica en los domicilios donde se producen aglomeración de personas, y consideró que la medida es propia de un «Estado policiaco», y que vulnera garantías constitucionales elementales.
«Se trata de una medida absolutamente arbitraria, que además de llevar más angustia e inseguridad a nuestros vecinos, deja librada a la discrecionalidad del funcionario actuante la posibilidad de dejar sin energía eléctrica a muchos hogares de nuestra provincia injustamente», contextualizó.
«Estos procedimientos que se están llevando a cargo en intervenciones, en fiestas privadas sería sumarle una ilegalidad más a otros procedimientos que encara hoy el Gobierno provincial; que un juez ordene la intervención de las fiestas o que disponga que se le corte el servicio de energía eléctrica es una cuestión específica, pero no por disposición de un policía; así no funciona nuestro sistema, las garantías individuales deben respetarse», espetó el jefe de la bancada opositora.
«El artículo 13 de la Constitución Provincial dice que el domicilio es el asilo inviolable de las personas, nadie podrá penetrar en el sin permiso de su dueño, salvo por órdenes escritas de un juez competente y nunca después de las 19:00 ni antes de las 7:00, salvo para socorrer a víctimas de un crimen o accidente; la ley determinara la formalidad y los casos en donde puede procederse al allanamiento», recordó el legislador, al justificar su posición.
«Entonces como el Gobierno provincial se encuentra con la inviolabilidad del domicilio pretende cortarle la luz; la verdad es que es un camino ilegal y autoritario y propio de un Estado policiaco, que la gente ya no soporta más», advirtió.
«Lo ocurrido hace pocos días con el joven de 20 años de edad, al que atacaron con trece balas de goma por que no acató la orden de quedarse en el lugar y con las luces apagadas, pone en evidencia los brutales efectos de una actuación que vulnera todo tipo de garantías de seguridad», apreció.
«Luego quisieron sobornarlo, con 7.000 pesos para que no haga la denuncia; el padre tuvo que insistir mucho para hacer la demanda, ya que no se lo querían tomar, cuando amenazó con irse a Pirané se la tomaron», reveló Carbajal.
«En definitiva, no se sabe decir si fue un delito o no, pero quienes estarían incumpliendo los deberes del funcionario público serán los funcionarios de REFSA, que son los que tienen que velar por el cumplimiento de la firma encargada del servicio adecuadamente», sostuvo.
