Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa afirmaron que los problemas en cuestiones de los alquileres, no se solucionarán únicamente modificando la ley, sino que es «necesaria la intervención del Estado».
Advirtieron que los bancos estatales deben lanzar líneas de créditos hipotecarios accesibles para la compra o refacción de inmuebles, como así también se debe incentivar la construcción de edificios destinados exclusivamente al alquiler, eximiendo de impuestos nacionales, provinciales y de tasas contributivas para de este modo aumentar la oferta de inmuebles para locación.
Luego de un año y medio desde que se promulgó la Ley de Alquileres que contó con amplio apoyo del oficialismo y de la oposición en el Congreso Nacional, con el fin de mejorar las condiciones de los inquilinos, en la actualidad desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se afirmó que esta normativa fracasó rotundamente y por ello, los precios de los alquileres no están al alcance de quienes buscan un techo o un hogar para su familia.
Desde el organismo se recordó que la Ley de Alquileres Nº 27.551 modificó aspectos esenciales del Contrato de Locación de Inmuebles, entre ellos el plazo mínimo de locación se estableció en tres años, excepto los inmuebles turísticos, comerciales, oficinas o sedes de embajadas o consulados.
Asimismo, la actualización de los contratos debe hacerse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales de Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales (RIPTE), que es elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina y que en este último mes, el aumento fue del 52,7% anual.
En ese sentido, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que actualmente el pago de alquileres significa hoy para un grupo familiar que deben destinar un 40% de sus salarios y por ello la problemática afecta a todos los sectores sociales.
De esta manera, «institucionalmente hemos solicitado al Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, impulsar modificaciones a la normativa antes citada para aliviar el déficit habitacional estructural que se vive actualmente y propusimos reducir el plazo mínimo de locación y además en lo que respecta a la actualización del precio de los contratos, permitir que inquilinos y propietarios acuerden montos y plazos de reajustes conforme a la situación social-económica de cada grupo familiar».
Por otro lado, señalaron que «es imperioso que los bancos estatales, nacionales y provinciales lancen de manera urgente líneas de créditos hipotecarios accesibles para la compra o refacción de inmuebles. También es necesario un incentivo a la construcción de edificios destinados exclusivamente para alquiler por un plazo de 10 a 15 años en que los exima del pago de tasas constructivas, de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, para que de esta manera aumenten las ofertas de inmuebles en alquiler».
Reconocieron que «es necesario modificar el Régimen Fiscal para los Contratos de Locación de modo que los costos tributarios no impacten finalmente sobre el costo de los alquileres para los inquilinos e impulse a los propietarios a su registración en tiempo y forma».
Por último, desde el organismo explicaron que «sin un acompañamiento real del Estado, la situación de los alquileres no podrá ser solucionada simplemente con una modificación legislativa, porque está demostrado que cuando las partes quieren evadir la ley, surgen los acuerdos o convenios marginales, cuyas consecuencias son impredecibles y siempre terminan perjudicando a las partes o grupos familiares más débiles económicamente hablando, que son aquellas que necesitan imperiosamente un techo digno para poder vivir».
