El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, se refirió al pedido de aumento del boleto de transporte urbano, presentado por la empresa Crucero del Sur, que es tratado en comisión dentro del Concejo Deliberante y pidió que la suba que se dé sea “razonable” y no implique otra carga para los usuarios.
Recordó que el miércoles último ingresó por Mesa General de Entradas del Organismo de la Constitución un descargo del Gerente César G. Aguirre de Crucero del Sur Agrupación, donde él mismo afirma que “la empresa de transporte de pasajeros no registra demoras o irregularidades en el cumplimiento de las frecuencias y de los recorridos trazados por la Municipalidad, para cada línea, que dichos aspectos son diariamente inspeccionados por el Municipio capitalino a través de sus inspectores, no registrándose lo denunciado por los usuarios ante esta Defensoría del Pueblo”.
Frente a esta postura, el funcionario provincial, afirmó, “que lo primero que debe hacer la empresa y en especial su gerente que se supone es el responsable de la misma en Formosa, es tomar con seriedad un servicio público que adolece de variadas irregularidades y por lo tanto reconocer las mismas y proponer alternativas para solucionarlas, pero con sus afirmaciones, les miente a los miles de usuarios que diariamente denuncian las ineficiencias de Crucero del Sur y también se miente a sí mismo”.
“A nadie escapa que estamos saliendo de un contexto de pandemia, en el que, sin dudas, las empresas de transporte en general, sean de corta, media o larga distancia han debido atravesar duros momentos en sus actividades, en lo que respecta a la faz económica. Tampoco debe escapar a nuestra consideración que las transportistas han sido acompañadas con subsidios del Estado Nacional y Provincial, en el caso de Formosa, para que los usuarios puedan seguir gozando de un servicio que, por momentos, revistió incluso el carácter de emergencia”, expresó Gialluca.
Remarcó además que “no obstante a ello, entramos ya en una etapa en la que debido a la reactivación de las actividades socioeconómicas y el dictado de clases presenciales a pleno, la demanda del servicio público de transporte se ha incrementado exponencialmente. Los usuarios que diariamente concurren en gran número a la Defensoría del Pueblo y que se trasladan en colectivos, esencialmente, reclaman más frecuencias en determinadas líneas y respecto del costo, algunos incluso expresan que, si se respetaran los tiempos máximos de espera, es decir si existiera una frecuencia regular, no tendrían objeciones en que el valor del boleto aumente, siempre y cuando dicho incremento sea razonable”.
Por esto, el funcionario dijo “no entender» la postura de ediles que, en un momento piden que la empresa se vaya y en otro, proponen abruptos incrementos a favor de la misma.
“Lo que sí advertimos es que podemos afirmar sin temor a equivocarnos de que existe un gran divorcio entre lo que los usuarios nos demandan y algunos representantes de los vecinos en el Concejo Deliberante que pretenden, jugar inocentemente con políticas públicas y por sus propias conductas candorosas, han logrado dejar en un segundo plano lo principal que es el precio del boleto que deben pagar los usuarios”.
En este sentido reiteró la postura institucional de la Defensoría del Pueblo en cuanto a que media la necesidad de que la ciudad capital cuente con un servicio “eficiente y eficaz de transporte público, con tarifas razonables, así como que se garanticen las condiciones de seguridad, higiene y adecuado confort tanto para los usuarios como para los operarios de la transportista, y para ello, a los vecinos no les interesan las multas, sino que piden mayores controles que surgen del propio Poder de Policía que posee la Municipalidad”.
