El Gobierno Nacional decidió que el presupuesto del 2024 sea el mismo que el del año anterior. Convocatoria a un paro y la provocación de Manuel Adorni: “La creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”.
El problema que atraviesan las universidades es fácil de comprender: con una inflación que supera el 250% interanual, en el 2024 tendrán el mismo presupuesto que tuvieron en el 2023. Desde hace semanas, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reciben a los rectores de todo el país, los escuchan y después repiten: “No hay plata”. Y aunque en algún encuentro deslizaron que existe la intención de aumentar en un 65% las partidas de los gastos de funcionamiento, la información no fue confirmada de manera oficial.
Mientras tanto, las consecuencias se comienzan a observar: hay instituciones que ya dictaron la emergencia económica, que restringieron la cantidad de alumnos por materias, que cerraron oficinas que eran alquiladas, que suspendieron la compra de insumos o el service de equipamientos, o que echaron mano a sus propios ahorros. Los más alarmistas dicen que, si la situación no cambia, no se podrán garantizar las clases más allá de abril o mayo. La tensión escala. Hace dos semanas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que nuclea a los rectores y rectoras de todo el país- publicó un comunicado en el que advertía la gravedad de la situación. Desde entonces, las autoridades de cada universidad, las organizaciones gremiales docentes y no docentes y los estudiantes estuvieron realizando acciones en todas las provincias para exigir una actualización de los montos. En las últimas horas, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales llamó a un paro de 24 horas para el próximo 14 de marzo.
Cuando asumió el gobierno de Javier Milei, desde el CIN reclamaron una actualización del 300% del presupuesto del 2023, que había sido de $752 mil millones. En total, los rectores habían planteado que iban a necesitar $2,5 billones. Pero eso no sucedió.
El ajuste del gasto público que propone el libertario, en este caso, se combina con una visión negativa por parte del gobierno hacia las universidades. Y, aunque en privado las reuniones son cordiales, en público el Gobierno las eligió como un nuevo enemigo.
Rectores en alerta
En Argentina existen 55 universidades nacionales públicas. El presupuesto que otorga el Estado Nacional es para cubrir los salarios y los gastos de funcionamiento no solo para el normal funcionamiento de las clases. En diálogo con PERFIL, Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata, explicó que el universo de afectación es mucho más amplio: “En nuestro caso son las 17 facultades, los cinco colegios, los comedores, el albergue y todo lo vinculado al bienestar, las becas y las obras de infraestructura. Todo entra en esta preocupación general que tenemos”, dijo. Por su parte, el decano de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán, se detuvo en los tres puntos más conflictivos: el congelamiento de los gastos de funcionamiento; que la paritaria para docentes y no docentes haya sido “solo” del 16%; y la “asfixia” al sistema de ciencia y tecnología.
“Lo que pasa con ciencia y tecnología afecta de manera directa a las universidades. Buena parte de los becarios y de los investigadores trabajan en las distintas facultades, especialmente en Exactas. Y ahí tenés otro problema: se habían anunciado 1300 becas Conicet en el 2023 y al final solo se otorgarán 600. ¿Qué implica eso? Que muchos se van a ir del país o al sector privado”, dijo Durán a PERFIL y agregó: “A eso se le suma que la paritaria está lejos del 70 u 80% de inflación y la pérdida del valor real de los salarios de docentes y no docentes va a ser brutal”.
Durán puso un ejemplo de cómo está trabajando el Gobierno con un ejemplo particular. El edificio donde funciona Ciencias Exactas, el Cero + infinito, se gestó durante la presidencia de Cristina Fernández, se construyó en la gestión de Mauricio Macri y se inauguró en tiempos de Alberto Fernández. Durante el macrismo se acordó que, a cambio de que la UBA ceda un piso, el Estado Nacional se haría cargo de su mantenimiento durante 10 años.
Desde que asumió el gobierno de Milei, las empresas de mantenimiento, limpieza y seguridad dejaron de cobrar. Se trata de SES, Clarity, Cruz de Malta y Maxsegur. El jueves 29 de enero uno de los contratos se venció “y no hay ninguna garantía de renovación”, contó Durán. ¿La consecuencia? Se abre la puerta para que tanto las compañías como la misma UBA puedan iniciar acciones legales contra el Estado nacional por incumplimiento del acuerdo firmado por Lino Barañao.
Enrique Mammarella, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, aseguró que el ajuste ya impactó. “Ya no podemos hacer las actividades de manera regular. En esta época del año arrancamos con el mantenimiento preventivo, el service y la calibración de los equipos, las compras de los reactivos y algunos productos al exterior para la investigación. Mucho de eso hoy está suspendido o prorrogado”, contó a PERFIL.
Según Mammarella, “si esto no tiene una solución los problemas se van a complejizar” y explicó: “En nuestra universidad, que está por cumplir 105 años, hay edificios que son patrimonio histórico nacional y que nos obligan a hacer tareas de mantenimiento constante”.
