Este fin de semana se llevó a cabo el Congreso Ordinario anual de ATE Formosa para aprobar memoria y balance. A continuación, los congresales decidieron realizar un Congreso Extraordinario para fijar posición sobre temas de relevancia para los trabajadores del estado y el pueblo en general.
El tema central que debatió el congreso fue la necesidad de luchar por una Ley de Paritarias para Formosa, entendiendo que el estado formoseño nos debe a los trabajadores desde hace 39 años cuando recuperamos la democracia. «Además se trata de un mandato constitucional, tanto de la Constitución nacional como de la provincial, y de toda la legislación laboral de nuestro país, en nuestra provincia hay una desobediencia a las leyes o como mínimo una mora institucional grave en esta materia que lesiona los derechos de los trabajadores estatales», declararon los congresales, quienes votaron para instar al Consejo Directivo Provincial a arbitrar los medios, llámense reuniones con los parlamentarios, con los bloques partidarios, con el ejecutivo, o que tome las medidas de acción gremial que correspondan para lograr ese objetivo.
Y siguieron: «y si hilamos fino, todavía se pone más grave, porque si lo analizamos desde el punto de vista más político, se trata básicamente de tres gobiernos peronistas de seguido, primero el de Floro Bogado, luego el de Vicente Joga y desde hace más de 26 años el de Gildo Insfrán, ninguno de los tres impulsó una Ley de Paritarias, sabiendo que el peronismo por razones ideológicas y por principios políticos tiene al movimiento obrero como principal destinatario de todas sus políticas, que busca su participación en la toma de decisiones para alcanzar su bienestar y felicidad, la ley de paritarias es uno de los mejores instrumentos de participación en la toma de decisiones de los trabajadores, con ella podemos celebrar Convenios Colectivos de Trabajo que nos permitirá mejorar nuestros ingresos y nuestras condiciones de trabajo».
Nueva Ley de
coparticipación provincial
El Congreso también se pronunció a favor de comenzar a discutir una nueva Ley de Coparticipación Provincial, en virtud de que la existe solo coparticipa el 10% de los ingresos a los 37 municipios que tenemos, quedándose la provincia con el 90%. Esto hace que las trabajadoras y trabajadores municipales tengan un sueldo cuyo ingreso en la gran mayoría de los casos sea menor que un plan social. «Aquí también hay una deuda del estado provincial, debe haber una distribución más justa y equitativa de los ingresos para que los municipales podamos cobrar un sueldo que por lo menos no esté por debajo de la línea de indigencia», sostuvo uno de los congresales y trabajador municipal del interior provincial.
También instaron a que el gobierno provincial cese con la intervención en los organismos descentralizados desde hace 26 años, porque fueron intervenidos para evitar la participación de los trabajadores, porque hasta el año 95 la ley habilitaba que los trabajadores podamos tener participación a través de representantes nuestros en el Directorio de dichos organismos, entre ellos el IASEP, el IPV, el IAS, la Caja de Previsión Social entre otros. También se pidió que el gobierno respete los estatutos vigentes, como el Estatuto Docente, la Ley de Carrera Sanitaria, entre otros.
Soberanía sobre la
Hidrovia Paraná-Paraguay
Y para finalizar, el Congreso se pronunció fuertemente a favor de la soberanía sobre la Hidrovia Paraná-Paraguay, una ruta fluvial de más de 3.400 km que arranca en Brasil, pasa por Bolivia, Paraguay, y culmina en el Río de La Plata en las costas de Argentina y Uruguay. Por dicho corredor transitan anualmente más de 4.600 buques mercantes, buques y barcazas extranjeras que transportan un promedio de 100 millones de toneladas de productos agroindustriales por un valor promedio de 53 millones de dólares al año, todo este negocio ocurre con escaso o nulo control por parte del estado nacional.
Aprovechando que la concesión a la Empresa Belga Jan de Nul y al holding argentino EMEPA SA venció hace un año, el Congreso propuso la derogación del Decreto 949/20 que busca llamar a una nueva Licitación internacional para que el negocio siga en manos privadas y extranjero. «Proponemos la estatización de la empresa», dijeron los congresales, «hay que crear una empresa ESTATAL para que se haga cargo del dragado, del balizamiento y de los peajes, pero sobre todo de los controles efectivos sobre la cantidad real de toneladas que salen por esa vía al exterior, porque se sabe que el contrabando de granos, sobre todo de la soja es muy alto, y por lo tanto afecta la recaudación, ingresos que podrían servir para crear más trabajo, por ejemplo activando nuestros astilleros para recuperar nuestra flota mercante, que en su momento fue la quinta en importancia a nivel mundial, y que hoy ya no existe, Paraguay tiene la flota mercante más grande de Latinoamérica, y es la tercera a nivel mundial, tiene más de 2.500 barcazas», afirmaron varios referentes y congresales.
