Con principal impulso de los diputados del Frente de Todos, fue aprobada la modificación de la Ley 25.246 de prevensión y control de lavado de activos con 111 afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones. De esta forma, obtuvo media sanción en esta Cámara y pasará a ser debatida en el Senado.
La propuesta que -se preveía- fue el más disputado entre los consensos en la Cámara de Diputados fue el proyecto de reforma de la ley de lavado para cumplir con los pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa llegó con dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos con el respaldo del PRO (con disidencias parciales), y uno de minoría que presentarían la Coalición Cívica, Evolución Radical, la UCR y el interbloque Federal.
El proyecto tiene como objetivo reformar la Ley 25.246 de prevención y persecución de lavado de activos. Este martes recibió dictamen en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal. Además se incluyen modificaciones al Código Penal y la creación de un registro de activos virtuales. La iniciativa había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen. Su reimpulso se enmarca en que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.A su vez, el proyecto convertía a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, cerró la sesión apuntando que «no es inocuo tener que soportar las descalificaciones del GAFI. Es mentira que eso afecta a un gobierno, eso afecta al financiamiento del Estado, de las empresas y de la economía social de la Argentina». «Tener una mejor normativa en lo que tiene que ver con el lavado de activos sin lugar a dudas va a cortar muchos de los vínculos que va a tener el lavado de dinero con el delito narco», concluyó.
Entre los opositores, estuvieron la diputada Graciela Caamaño, quien consideró que “necesitamos una UIF con un compromiso real para luchar contra los delitos que se desarrollan en nuestro país porque sino nunca vamos a pelear desde una ley contra el narcotráfico”.
Por su parte, la legisladora Myriam Bregman entendió que “esta ley es parte de la legislación antiterrorista en el mundo y ya se demostró para qué es usada. Además la AFI no nació para combatir el lavado, sino para controlar los movimientos financieros y políticos de nuestro país”.
Dentro de la coalición oficialista, los diputados que conforman el Frente Patria Grande (Natalia Zaracho, Federico Fagioli y Itai Hagman) no acompañaron el proyecto. «Otra vez un organismo internacional nos impone una agenda, que no tiene nada que ver con la realidad y las urgencias de nuestro pueblo”, argumentó en su alocución Zaracho.
