El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, concedió hoy la apelación del Gobierno Nacional contra su propio fallo, por el cual rechazó el pedido para que todas las causas se acumularan en su juzgado.Es la estrategia que pretende el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, para quitarle al fuero laboral los tres expedientes en los que ha hecho lugar a acciones de amparo presentadas por la CGT, la CTA y la Federación de Viajantes de Comercio.
Lavié Pico desestimó un planteo del Procurador Barra para aquel pida a sus colegas de laboral que se inhiban de seguir adelante con el trámite de la causa y la remitan a su jugado.
En ese sentido, también apelaron la decisión del juez en no tramitar el amparo del Observatorio de Derecho a la Ciudad como un trámite de carácter colectivo, o sea que aquello que resuelva sólo afecta a quienes se presentaron y no a la totalidad.
Otra de las cuestiones es que Lavié Pico habilitó la feria judicial para analizar el amparo presentado por la Asociación Civil. Ahora, serán los camaristas Sergio Fernández y Carlos Grecco quienes analicen todas estas decisiones cuestionadas por el Gobierno Nacional. No ha habido definición sobre el amparo que cuestiona la totalidad del DNU de Javier Milei sino sólo en cuanto al Capítulo IV de reforma laboral tal cual lo ha dispuesto jueces de dicho fuero.
El lunes el Poder Ejecutivo presentó una apelación contra el fallo del juez Enrique Lavié Pico que la semana pasada complicó la estrategia judicial del Gobierno cuando habilitó la feria judicial. «El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso», dice el escrito presentado por la Procuración del Tesoro, donde se cuestiona la decisión de Lavié Pico.
La presentación, que lleva la firma de Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre, ambos del cuerpo de abogados de la Procuración, también considera que: «El dictado de esta sentencia, produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, en tanto produce la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias; precisamente lo que la CSJN procuró evitar», en referencia a una acordada del máximo tribunal.
