Alejandra Soto, referente en Formosa de la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la nueva movilización «Ni una menos» que se realizó el miércoles por la tarde en todo el país y que en Formosa sumó el reclamo por el femicidio de la docente Mirna Palma.
«Fue una movilización con bastante asistencia de gente y organizaciones sociales, esa movilización estaba pactada a nivel nacional desde unos días antes pero nos impactó doblemente porque a horas de esto sucedió el triste femicidio de Mirna Palma en el interior de la provincia, sensibilizó y golpeó más fuerte aún al pueblo formoseño, más allá de que los femicidios sean donde sean dan bronca e impotencia», dijo.
«Nosotras desde hace años que venimos más allá de las movilizaciones reclamando que el Estado nacional y provincial actúen y tomen medidas en estas situaciones tan graves, las cosas no están funcionando, deben tomar medidas, venimos reclamando que se declare emergencia nacional porque los registros de femicidios son alarmantes, nosotros como organización tenemos nuestro observatorio de femicidios y en los registros que tenemos horas tras horas se van incrementando más números, es una realidad triste y que duele, hace años atrás veníamos reclamando y sabemos lo esencial y necesario que es presupuestos para tomar medidas en estas situaciones», acotó Soto.
Asimismo señaló que el femicidio de Mirna «nos duele mucho porque no se tomaron medidas, no se tomaron cartas en el asunto, exigimos que la ley Micaela se implemente y que las fuerzas de seguridad sean monitoreadas, que agentes con antecedentes de violencia de género no estén dentro de las fuerzas, en el observatorio tenemos que un 33% de los femicidios en todo el país fueron realizados con armas reglamentarias, nos parece que la fuerza de seguridad debería tener un monitoreo ante esas situaciones, tenemos muchos reclamos en torno a eso».
De la misma forma aseguró que cuando un agresor forma parte de una fuerza o tiene un familiar que lo es, «hay complicidad, encubrimiento entre camaradas de las fuerzas de seguridad, nos parece interesante que cuando el violento es de alguna fuerza que debe intervenir otra, el monitoreo debería ir hacia el agresor, por eso pedimos que el botón antipánico más allá de que las mujeres lo tengan, sea tomado con la seriedad que se merece y que los agresores usen tobillera electrónica, que ellos sean monitoreados».
«Las respuestas son muy lentas y hay todo un protocolo de cierto tiempo entre que se hace la denuncia, exclusión de hogar, prohibición de acercamiento, hasta que se llama a la Policía, las fuerzas no están preparadas y ya es tarde. El femicidio de Mirna se podría haber evitado como muchos otros femicidios, las denuncias estaban y no se están tomando con la seriedad que se debe tomar», finalizó Soto.
