La crisis económica aceleró la reconfiguración del mapa de poder y llevó a que los distintos espacios busquen reagruparse y sumar fuerzas para afrontar las negociaciones con el Gobierno nacional. Ese esquema se replica en las provincias, donde los intendentes y referentes territoriales se aúnan para enfrentar a los gobierno subnacionales.
El PRO no está exento de eso y sus referentes se mueven para reunificar al partido luego la interna post elecciones de 2023. Los gobernadores y los intendentes bonaerenses son piezas claves de ese entramado y articulan políticamente para unificar criterios con el objetivo de ejercer una presión conjunta tanto ante la Casa Rosada como frente a Axel Kicillof.
Después de las elecciones del año pasado, el PRO logró obtener dos gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, a lo que puede sumarse como aliados Marcelo Orrego (San Juan) y a Claudio Poggi (San Luis), mandatarios provenientes del peronismo que tienen sintonía con el partido amarillo. Es cierto que excepto Jorge Macri, ninguno es un dirigente nativo del PRO, pero actualmente orbitan ese universo político.
En cuando a la provincia de Buenos Aires, el partido perdió municipios claves y pasó de gobernar 22 municipios a quedarse con 16.
A nivel bonaerense, Soledad Martínez (Vicente López), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Ramón Lanús (San Isidro) son los intendentes con mayor peso. Si bien no son del PRO, Jaime Méndez (San Miguel) y Manuel Passaglia (San Nicolás) se mueven cerca del grupo de jefes comunales amarillos. Los 16 intendentes comparte un grupo de WhatsApp en el que debaten política interna y, sobre todo, comparten inquietudes sobre temas de gestión.
En el PRO conocen que Milei asumió en una situación de debilidad institucional, pese al masivo apoyo electoral. El libertario cuenta con una bancada legislativa frágil en ambas cámaras del Congreso. Los gobernadores, por su parte, están dispuestos a contribuir con la gobernabilidad, aunque buscan mantenerse unidos para hacer valer su peso y tener capacidad de presión a la hora de negociar en beneficio de sus territorios.
Algo similar ocurre en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes del PRO se mantienen en contacto permanente y preparan un cónclave para enero. Sin fecha exacta definida, la intención es hacer una jornada política antes de que termine el primer mes del año, con el fin de mostrar volumen político y coordinar una estrategia para actuar concertadamente frente a Kicillof. Quienes deambulan como referentes de esa movida son Cristian Ritondo y Diego Santilli, patas fundamentales de la Mesa bonaerense del PRO.
La relación entre los jefes comunales de la oposición y la gobernación de La Plata es tensa. De los 135 municipios bonaerenses, hay un grupo de territorios controlados por la oposición que exigen que la provincia salde sus deudas para afrontar responsabilidades financieras corrientes.
En ese sentido, en el PRO analizan que generar un bloque compacto con un reclamo unificado les permitirá ejecutar mayor presión sobre Kicillof. En el partido fundado por Mauricio Macri no ignoran que en la provincia quedaron debilitados. Un lugar donde se refleja esa merma es en la Legislatura bonaerense, donde el PRO perdió bancas a manos de La Libertad Avanza.
En el macrismo sospechan que Kicillof teje un pacto subterráneo con los libertarios para destrabar su agenda parlamentaria en la Legislatura. De hecho, la división en el bloque de La Libertad Avanza favorece esa jugada del gobernador. En el espacio de Milei apuntaron contra Carlos Kikuchi, otrora armador nacional de LLA, por ser “funcional” a la Ley impositiva y al endeudamiento que impulsó Kicillof en el Congreso provincial.
Sin embargo, en el PRO conocen que Kicillof se encuentra en una situación de debilidad, sobre todo en el plano financiero. Un sector de los intendentes de ese espacio ven con buenos ojos aprovechar esa situación como prenda de negociación para avanzar con reformas institucionales, tales como la Ley de Boleta Única y normativas que generen mayor autonomía municipal en temas como seguridad, salud y educación.
A nivel nacional, los gobernadores e intendentes del PRO se respaldan en figuras del espacio como Macri y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Así como también en Horacio Rodríguez Larreta, con quienes varios mantienen contacto fluido, con Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.
Bullrich es una puerta de entrada que algunos intendentes del PRO tocan para llegar a la Casa Rosada.
Ella misma atiende algunos reclamos de intendentes que fueron en su boleta en las últimas elecciones. Aunque quien está abocado a esa tarea es Sebastián García De Luca, que ocupa una secretaría de ese Ministerio con el fin de articular políticamente a nivel federal el proyecto de poder bullrichista. Sin ser parte formal del Gobierno, Macri también tiene línea directa con Milei y es un punto de contacto para reforzar pedidos de gobernadores e intendentes que le son cercanos.
Uno de los temas que moviliza a intendentes y gobernadores por estas horas es la Ley Ómnibus que busca impulsar Milei en las sesiones extraordinarias de enero. El articulado tiene puntos que generan rispideces en algunas provincias y municipios. Por ejemplo, en punto destinado a desregular el Régimen pesquero. Nacho Torres y Montenegro fueron los portavoces de esa queja, dado que gobiernan territorios donde la industria pesquera es central.
