El defensor del Pueblo de la provincia, Leonardo Gialluca denunció la falta de una política de Estado en nuestro país, que regule la actual ley de alquileres, teniendo en cuenta que hay más de 9 millones de inquilinos, de los cuales el 76% son menores de 40 años, los que no pueden acceder a su vivienda propia y deben alquilar.
Denunciamos entonces que es una responsabilidad del Congreso Nacional dejar de “discutir temas sin trascendencia y ocuparse en serio de las familias que hoy alquilan y les es imposible comprar una vivienda con su trabajo», aseveró Gialluca.
Asimismo, señaló que, en el mes de enero, el valor de la actualización fue de un 81,39% y para marzo se espera que llegue a un 100 %.
El porcentaje oficial del 85,88 % de suba que deberán pagar los inquilinos que renueven sus contratos en este mes de febrero, es algo muy difícil de afrontar y constituye un récord desde que rige la Ley de Alquileres. Recordó que estos porcentajes representan “otro duro golpe al bolsillo de los inquilinos, que además deben afrontar pagos de servicios esenciales y también poder sobrevivir con lo que les queda de sus salarios”.
Estas actualizaciones las impone el BCRA, que determina una cifra, que promedia el Índice de Precios al Consumidor y del Índice de Salarios. Por ello, la nueva ley de alquileres, ha originado mayores problemas a los inquilinos, también a propietarios, e inmobiliarias, pues fue el resultado de una decisión política y no racional de sentido común. A esto se le suma, que, en nuestro mercado local, no existen ofertas de casas o departamentos para enfrentar la demanda y esto lleva a que en el denominado “centro de la ciudad”, ningún departamento de 2 ambientes baja de los $ 70 mil de alquiler, debiéndose sumar más los servicios, expensas y otros gastos, lo que se convierte en inviable para un grupo familiar.
Es aquí donde buscan alejarse hacia otros barrios más económicos, y pueden encontrar alquileres más económicos, pero en estos casos, entra a jugar el transporte público y los gastos de movilidad, más si se tiene menores en edad escolar. En la ley anterior, la actualización de los montos, se hacía cada 6 meses y era mejor para todas las partes, pues tanto los inquilinos como los propietarios se acomodaban mejor en términos económicos.
