Zunilda Gómez y Juan Gabriel Centurión, una pareja oriunda de Clorinda que en el marco de la cuarentena que debieron realizar por ser «contacto estrecho» de un caso positivo de coronavirus, denunció haber padecido «privación ilegítima de la libertad» junto a sus niños por el período de un mes; donde a causa del encierro la mujer perdió su embarazo. Apuntaron contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y el jefe de la Policía, Walter Arroyo por los delitos de «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público».
El planteo fue presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de Formosa, cuya titularidad ejerce la Dra. María Belén López Macé, y el fiscal es Luis Benítez.
La pareja reclamó por el «absoluto abandono y la falta de humanidad» por parte del gobierno de Formosa y el Estado Nacional en la situación vivida, dentro de un marco sanitario caprichoso y con la «desidia, autoritarismo de quienes – dijeron – debían habernos cuidado».
La denuncia
En la presentación se indica que la denuncia es por posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en clara violación y cercenamientos de nuestros derechos fundamentales amparados y resguardados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y Convención de Viena.
Al momento de relatar los hechos, se expuso que la mujer y su familia fueron retirados de su domicilio el 19 de diciembre de 2020 en horas de la noche, donde «la fuerza policial con total autoritarismo y prepotencia expresó que debíamos recoger inmediatamente nuestras cosas porque seríamos trasladados a un centro de aislamiento preventivo por haber sido contacto estrecho con un vecino», como se negaron en abandonar el hogar alegando que no tuvieron contacto con dicha persona «la Policía impartió orden de arresto y amenaza de iniciar una causa judicial, entonces sin orden judicial nos detienen, para luego llevarnos al hotel Embajador de la ciudad de Clorinda y fuimos detenidos con guardia policial en la puerta de una pieza de pequeñas dimensiones, estando la habitación sin higienizar con basura y colillas de cigarrillos a la vista».
Y continúan: «a partir de ese momento nos encontrábamos bajo llave y no nos daban autorización para salir por lo menos un instante del encierro».
Asimismo, se expresa en la denuncia que día tras días se agravaba más la situación de encierro, donde sus reclamos no fueron escuchados, tampoco contaban con asistencia de profesionales de la salud psicofísica tanto para los adultos como para los niños.
Al día 14 de la cuarentena, el hombre fue informado verbalmente que dio positivo y que sería trasladado hasta la ciudad capital a un centro de aislamiento para iniciar nuevamente la cuarentena; a partir de esa situación, la mujer junto a sus pequeños debió cumplir un nuevo período de cuarentena sin que las condiciones mejoraran.
«Los momentos de encierro incidieron en mi salud al encontrarme en el tercer mes de embarazo, y debido a que ya se habían producido pequeños sangrados vaginales solicité en reiteradas oportunidades ser atendida por un profesional médico, gracias a la insistencia fui atendida por un profesional de la salud quien dijo que no era nada grave, me medicó y recomendó reposo», aseveró Zunilda.
Denunció entonces que su situación se agravó por los nervios del encierro, la necesidad de contener a sus hijos , la alimentación precaria y la falta de atención pre natal.
Pese a que con los días la pérdida de sangre era mayor hacían caso omiso a su pedido de asistencia hasta que se dio el desenlace fatal, cuando la trasladaron hacia el hospital para practicarle un legrado. En la presentación aclaran además que mientras ella fue al nosocomio los menores quedaron solos, encerrados y sin la supervisión de un adulto con ellos.
«Posteriormente, luego de la práctica médica nuevamente fui trasladada a la habitación del hotel para la recuperación y aislamiento involuntario», agregó.
Finalmente se deja en claro que «todos los hechos relatados sin orden de autoridad competente, en forma involuntaria, son acciones descriptas y tipificadas en nuestro régimen penal, cometidas por personas revestidas de poder estatal, excediendo el marco de sus facultades y actuando ilegítimamente e ilegalmente sobre los ciudadanos».
