La determinación del ministro de Economía, Luis Caputo, de sentarse sobre la caja del Estado y reducir al máximo las transferencias comenzó a inquietar al sector eléctrico, que se mantiene en funcionamiento hace más de una década gracias a los aportes del Tesoro.
El gobierno de Javier Milei se propuso romper con esa dependencia estatal y anunció un fuerte aumento de tarifas de electricidad. Sin embargo, la transición hasta que comiencen a regir los nuevos valores tensionó al extremo al mercado, que opera en una alarmante fragilidad hace años, sin stock de reserva.
Debido a la decisión política del kirchnerismo de pisar tarifas e intervenir el mercado eléctrico, el Tesoro Nacional se convirtió en un amortiguador de los desbalances del sistema. Todos los meses, aporta la diferencia de dinero entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que pagan los usuarios residenciales de todo el país (no es un problema solo del AMBA).
El vehículo para cubrir dicha brecha es Cammesa, una compañía privada que está controlada por el Estado (tiene el 25% de las acciones clase A). Es tal el perfil bajo que mantuvo la empresa desde su creación, que jamás necesitó de un equipo de comunicación. Sus empleados siempre mantuvieron perfiles técnicos durante todos los gobiernos. Cammesa solía recibir dinero del Tesoro y de las empresas de distribución eléctrica (entre las que se encuentran Edenor, Edesur y Edelap), y con ello pagaba el costo del transporte y la generación eléctrica.
En diciembre, la compañía obtuvo $396.825 millones por parte del Tesoro, el 81% de lo que había solicitado para cubrir sus costos ($492.634 millones). Desde entonces, el ministro de Economía cortó el flujo. Durante enero y febrero, Cammesa no recibió asistencia del Tesoro y comenzaron los problemas en el sector.
Recién la semana pasada, la Secretaría de Energía solicitó que se haga una transferencia de $140.000 millones, cuando el pedido de asistencia de Cammesa había sido de $884.000 millones. “La cobranza se está poniendo cada vez más complicada, acercándose a valores récord de demora, y no vemos un panorama cierto y claro”, dijo con preocupación en reserva el gerente de una de las generadoras eléctricas.
Estas empresas cobraron por última vez el 15 de enero pasado la mitad de lo que correspondía por la energía generada en noviembre. Desde entonces, no recibieron ningún pago más, acumulándose una deuda con todas las empresas generadoras de electricidad de más de $1 billón.
Las empresas transportistas también sufren la falta de pagos. La mayor empresa operadora de trasmisión de alta tensión, Transener, tuvo dificultades la semana pasada para pagar los salarios. Sin bien se realizó a término, la empresa debió realizar dos transacciones con tres días de diferencia para completar el 100% de los pagos, un hecho que nunca había sucedido.
La situación se volvió crítica porque coincidió con el agravamiento de otro desbalance del mercado, en el cual el Tesoro también solía intervenir con ayuda financiera.
Sucede que las empresas de distribución eléctrica se encargan no solo de que cada hogar tenga electricidad, sino de emitir las boletas, recaudar el dinero y pagarle a Cammesa una parte del costo de generación electricidad. Sin embargo, debido a que las tarifas de las distribuidoras tampoco se actualizaron durante varios meses, las empresas se empezaron a quedar cada vez más con el dinero que le correspondía a Cammesa para cubrir sus propios costos salariales y de mantenimiento del servicio.
Cammesa, por lo tanto, se quedó sin sus dos fuentes de ingresos, pero con varios pendientes de pago, que encima se dispararon tras la devaluación de diciembre, ya que es un sector en el cual el 60% de los costos tiene contratos en dólares. Edenor transfirió solo 15% de la energía consumida en diciembre, que venció el 8 del mes pasado; Edesur, el 17%, y el grupo DESA (dueña de las distribuidoras bonaerenses Eden, Edes y Edelap), apenas el 2%. El año pasado, Edenor ya debía $73.700 millones a Cammesa; DESA, $57.740 millones, y Edesur, $33.400 millones, aunque no son las únicas en rojo. En total, todas las distribuidoras del país adeudaban $305.650 millones (US$380 millones) al 29 de diciembre pasado.
A la espera de una señal
En el mercado esperan una señal de la Secretaría de Energía, que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo. El experto en energía que acompaña al presidente Milei desde junio del año pasado cree que el desbalance de pagos del sector se comenzará a solucionar en abril, cuando empiecen a regir a pleno los aumentos tarifarios anunciados a mitad de febrero.A partir de allí, en el Gobierno creen que se repondrá el flujo de cobros de Cammesa a las distribuidoras y los pagos a las generadoras, mientras se negocia con cada actor cómo cubrir el stock de deuda generado en los últimos meses.
Sin embargo, hay al menos dos preocupaciones adicionales. Por un lado, el nivel de morosidad que pueda haber por el pago de las boletas de electricidad, debido a la magnitud de los aumentos tarifarios realizados en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo. Si las distribuidoras tienen problemas para cobrar de los usuarios, los pagos a Cammesa no van a hacer lineales. Por otro lado, cada jurisdicción tiene un ente regulador provincial que oficializa los aumentos de tarifas que dispuso la Secretaría de Energía y, a su vez, autoriza también las subas de las empresas distribuidoras, llamado valor agregado de distribución (VAD).Mientras que el ENRE, que regula a Edenor y Edesur, les dio aumentos de VAD a las distribuidoras, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos solo ordenó trasladar la suba de precios de la Secretaría de Energía, sin aplicar un aumento adicional para las tarifas de Eden, Edes y Edelap.
