En el marco de la conferencia de prensa diaria brindada por el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno de la provincia, Jorge Abel González, explicó cómo será la dinámica para la obtención de los permisos para cuidados de personas y por razones de fuerza mayor, que caducarán y deberán renovarse para ser válidos.
«Son dos permisos distintos, uno es por razones de un caso de fuerza mayor y el otro de atención de familiares enfermos, personas con discapacidad, niños, niñas y adultos mayores», indicó.
En ese sentido, el ministro especificó que primer caso, de fuerza mayor, es «extraordinario», por lo tanto una duración de 48 horas es «adecuado» para atender el motivo de fuerza mayor.
Y para las personas con enfermos, adultos mayores y/o menores a cargo, la vigencia será más extendida y durará por siete días, luego se deberá volver a sacar.
«Estos son los que tramitan las personas de manera individual por sistema, pero hay otros permisos de circulación restringida que no cae en estos casos», aclaró.
Y ejemplificó: «Como el caso de los familiares de personas con TEA o alguna otra discapacidad, que pueden salir a caminar. Esos certificados, que se los tramita en el ministerio de la comunidad, no caducan porque tienen otro trámite particular e interviene un organismo del Estado que exige el cumplimiento de ciertos requisitos como el certificado de discapacidad».
Por otro lado, se refirió a los formoseños y formoseñas que están varados en otras provincias y la posibilidad del regreso a cargo del Estado provincial.
«Estamos priorizando a aquellos que están con un problema de salud, estamos trayendo de vuelta a muchos formoseños porque trabajamos en cada uno de los casos y analizando cada situación», señaló.
Y aclaró: «Por lo tanto no descartamos ninguna opción ni vamos a dejar de atender ninguna de las situaciones».
«Siempre actuamos en el marco de la ley»
Control de mercadería
Por último, González negó que las acciones de control de mercaderías y precios que lleva adelante el Gobierno provincial sea una operación política contra un empresario local, como fue acusado.
«Con relación a lo que pueda decir algún ciudadano respecto del actuar de la administración pública provincial o de la Policía de la provincia, existen los canales judiciales pertinentes en los cuales pueden ventilar absolutamente todas las acciones que consideren que violan los derechos individuales de las personas, nosotros siempre actuamos en el marco de la ley», argumentó.
Y siguió: «Si se considera que existe otro tipo de interés en la actuación por parte del gobierno, cualquier ciudadano puede actuar».
En esa línea, relató casos de otros empresarios que tuvieron este tipo de verificación por parte del Estado provincial respecto a la situación sanitaria de la mercadería que comercializan y de los precios que exhiben al público y aseguró que «no conozco a ninguno que haya mencionado ser objetivo de una operación».
«Mencionamos acá cuantos trámites y actas de infracción se confeccionaron. Acá no hay operaciones, es un término que no escuché, por lo tanto no puedo hablar de un tercero ausente pero sí puedo afirmar que el gobierno de la provincia actúa en el marco de la ley», concluyó.
