La causa por la implementación de un subsidio clandestino para desocupados a través de punteros de Juntos por el Cambio en plena campaña electoral quedó, por decisión de la jueza federal María Servini, a cargo del fiscal Jorge Di Lello, quien había acusado formalmente a los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri; esto implica que el funcionario tendrá mayor margen para producir pruebas y llamar a testigos y sospechosos a declarar.
El abogado William Dardo Caraballo, quien denunció este mecanismo para reclutar a desempleados y llevar adelante la tarea de fiscalización para Juntos por el Cambio el 27 de octubre pasado, sostuvo que se violó el artículo 139 bis del Código Electoral Nacional con una «evidente compra de votos instrumentado a través del Ministerio de Trabajo y Producción de la Nación y otros organismos nacionales».
Por la denuncia de Caraballo quedaron acusados formalmente Dante Sica y Ricardo Buryaile (exministros de Producción y Trabajo, y de Agroindustria, respectivamente) el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de ANSES Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya.
Caraballo celebró la noticia de que Di Lello sea quien impulse el expediente, «el fiscal está comprometido con la denuncia, con las prueba, los informes, sabe lo que hay cotejar».
«No hay dudas de que hay una asociación ilícita en todo esto y que el jefe de esa banda de delincuentes es Buryaile, él, junto a los doctores Herrera y Villalba minimizan lo que cometieron, pero ahora ya se les habrá pasado las ganas de minimizar», recalcó Caraballo.
Por otra parte el abogado sostuvo que espera que el caso llegue a un juicio oral y público, que no se utilicen las detenciones arbitrarias como sucedió en la gestión anterior, «yo estoy en contra de las detenciones arbitrarias, estoy a favor de las garantías constitucionales y entiendo que ellos gozan de la presunción de inocencia, cosa que no existía durante el macrismo».
«Nuestra acusación y la acusación del fiscal Di Lello deben destrozar su presunción de inocencia para que en un juicio oral y público tengan una condena en función al código electoral», continuó.
Caraballo explicó que «fueron treinta y cuatro millones de pesos que alcanzaba a unos 6.800 beneficiarios pero en Formosa -por las listas que ellos mismos publicaron- no llegaban ni a 4.800, o sea que además hay un remanente que deberán explicar a donde fueron esos fondos».
Afirmó que «Ricardo Buryaile no podía realizar toda la maniobra solo y que los demás exfuncionarios fueron partícipes necesarios».
Para finalizar hizo hincapié en que el caso se va expandir con otras figuras penales y con otros actores en otras provincias «esto sucedió en todo el país y seguramente se va a confirmar una causa interesante para la investigación».
