En una explosiva investigación periodística, se ha revelado un presunto caso de corrupción que apunta directamente a la hermana del presidente, Karina Milei, y a la cúpula de La Libertad Avanza (LLA). La denuncia se centra en el destino de mercadería incautada por la Aduana, que en lugar de ser subastada o donada a organizaciones benéficas, habría sido entregada a una fundación vinculada a un diputado oficialista.
Donaciones a una fundación privada
La denuncia, que ha sido calificada como «un escándalo», señala que una gran cantidad de artículos incautados por la Aduana fueron a parar a la «Fundación Gea Madre Tierra Mitología Griega». Lo que genera mayor controversia es que los bienes donados no son artículos de primera necesidad o de emergencia, como lo exige la ley. Entre los artículos recibidos por la fundación se encuentran:
- 367 artículos de primera necesidad (mochilas, indumentaria, calzado)
- 14 aires acondicionados
- 21.801 artículos electrónicos
Estos bienes fueron transferidos bajo la «Ley de rezagos aduaneros», que otorga a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, la facultad de disponer discrecionalmente de la mercadería. Sin embargo, la ley establece que esto solo debe ocurrir en casos de emergencia o para bienes de primera necesidad. La naturaleza de los artículos donados a la fundación, en particular los electrónicos y los aires acondicionados, ha levantado sospechas y llevado a los denunciantes a preguntarse si se trata de un «mayorista».
Conexiones familiares y políticas
La fundación, que debería tener fines de beneficencia, está supuestamente conectada a la política. La investigación revela que la organización tiene una «estrechísima relación» con el diputado de LLA, Lisandro Almirón, cuya hermana, Cintia Almirón, figura como tesorera de la misma. En el reportaje, se cuestiona si la fundación tiene un verdadero propósito benéfico, ya que su actividad se ha limitado a dar «charlas» y «cursos», lo que sugiere un posible uso indebido de la figura legal.
Los denunciantes han intentado obtener una respuesta de los implicados, incluyendo al diputado Martín Menem y a Lisandro Almirón, pero ninguno ha respondido a los llamados. La falta de transparencia en la gestión de estos bienes y el aparente conflicto de interés ha generado un profundo malestar y ha puesto en el centro de la escena a figuras clave del actual gobierno.
Este caso, que muestra una presunta red de favores y vínculos entre funcionarios y fundaciones, ha abierto un debate sobre la ética y la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
