El Senado comenzó ayer a debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece que deben contar con aval parlamentario las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la apertura de la discusión, que comenzó minutos antes de las 16.30, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Carlos Caserio, destacó «el gran trabajo» realizado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para las negociaciones de la deuda externa».
«Después de la crisis de 2001 asumió Néstor Kirchner y nos tocó gobernar durante tres períodos. Durante todo ese tiempo una de las grandes preocupaciones fue cómo acomodar la deuda pública que habíamos recibido y ponía en riesgo cualquier posibilidad de crecimiento y de poder cumplirla», reseñó.
Caserio afirmó que «se hizo un gran trabajo» ya que se consiguió «no deberle un solo peso al Fondo», y aseguró que se entregó a la anterior administración «en 2016, uno de los países más desendeudados del mundo en relación a su producto bruto».
Desde la oposición, el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau advirtió que «el origen del problema es el déficit» que arrastra Argentina desde hace décadas.
El legislador porteño reprochó al oficialismo no aceptar las propuestas «para trabajar en algo más abarcativo» que resuelva el problema de la deuda argentina y, si bien valoró que se dé la discusión en el Congreso, consideró que «esta ley hace muy poco» y se debe «dar una discusión mucho más profunda».
«El problema de la sustentabilidad local son la moneda, la tasa y el monto de la deuda que viene generado por el déficit más la generación de deuda previa», subrayó.
La propuesta que se trata hoy en la Cámara alta determina en su artículo primero que «la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio».
Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho «porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente», agrega.
En su segundo artículo dispone que «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley» del Congreso «que lo apruebe expresamente».
La semana pasada, en el marco de la discusión en comisión del proyecto, el bloque de legisladores del oficialista Frente de Todos incluyó un artículo al texto remitido al Congreso -el tercero- que estipula que las divisas que ingresen al país como parte de un acuerdo de crédito no pueden ser utilizadas para gastos corrientes.
La modificación establece que «la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción de ley extranjera, así como los programas acordados con el Fondo, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes».
Este agregado cuestiona de modo indirecto el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri cerró con el FMI.
