Si bien las miradas se posan sobre el concejal Facundo Albini, resta saber quién pidió las contrataciones que se cobraban con las tarjetas que estaban en poder del puntero del PJ. Silencio y distancia en La Plata.
La detención y posterior liberación del puntero del peronismo platense, Julio Segundo Rigau, encontrado con 48 tarjetas de débito emitidas por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, abrió un sinfín de interrogantes que la justicia bonaerense empezó a explorar hasta que la causa fue cerrada. Sin embargo, el caso aún mantiene la atención de buena parte del sistema político de la provincia de Buenos Aires, más allá de la pertenencia política.
Hasta el momento no hubo pronunciamiento público de los principales bloques que integran la Cámara de Diputados. Ni el Frente de Todos (que integran desde La Cámpora, al Frente Renovador, pasando por Patria Grande y el PJ de los intendentes), ni Juntos (con representantes del PRO, UCR y Coalición Cívica). “Nadie va a salir a inmolarse”, advierten puertas adentro.
En el “organigrama” político, las miradas se posan sobre el concejal del Frente Renovador de La Plata, Facundo Albini. Al edil le endilgan relación con Rigau. Actualmente, Albini no cumple funciones en la Cámara de Diputados.
El concejal fue Director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa, según la declaración jurada presentada ante la Cámara de Diputados en 2018. Sin embargo en Diputados mencionan más al padre del concejal que al propio edil. Se trata de Claudio Albini, “histórico jefe de personal”, quien, según la información pública de la Cámara, se desempeñaba como subdirector del área de Personal. “A Facundo lo exponen porque es la cara visible”, cuenta un conocedor del entramado político legislativo en La Plata.
Fuentes legislativas deslizaron a Infobae que las contrataciones de las tarjetas que se le encontraron a Rigau “son viejas”. Es decir de la gestión anterior. El período 2015-2019 en la Cámara baja bonaerense estuvo bajo un acuerdo de gobernabilidad que implicó una presidencia rotativa entre Cambiemos (el PRO, puntualmente bajo la figura del ex diputado Manuel Mosca) y el Frente Renovador, el partido político de Sergio Massa.
Hoy la presidencia está a cargo del peronista Federico Otermín. Sin embargo, en la Cámara baja bonaerense impera desde el año 1999 un acuerdo de “doble firma”, en el que “el vicepresidente y el vicepresidente primero deberán visar los actos administrativos del presidente”, según establece el propio reglamento interno de la Cámara. El vicepresidente de Diputados es Adrián Urrelli, del PRO, hoy jefe de campaña de Néstor Grindetti para la gobernación bonaerense y el Vicepresidente I es Carlos “Cuto” Moreno; cercano al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
“No tiene nada que ver que las tarjetas sean de la gestión anterior si es que así fuera; el proceso administrativo tiene que ser validado por las autoridades. A Rigau lo descubrieron ahora y ese tipo de contrataciones generalmente son a solicitud de los legisladores. En el medio está la Dirección de Personal, la Secretaría administrativa y las autoridades de Cámara”, asegura a este medio una fuente conocedora del proceso administrativo en la Cámara baja bonaerense. Desliza también que en algunas ocasiones los legisladores ni siquiera conocen a las personas por las que se requiere la contratación.
Quién pidió esos contratos que se tradujeron en la entrega y distribución de las tarjetas de débito, en nombre de quién -o para quién- reportaba realmente Rigau y desde cuándo funciona este mecanismo de “prestadores” es materia de una investigación que podría reactivarse si se le da lugar al pedido del Fiscal General Héctor Vogliolo que adelantó que apelará el fallo de la Cámara de Apelaciones que cerró la causa y liberó a Rigau con el voto de los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo.
